Gobierno aumentó partida para contratar más asesores

Unos nueve millones 143,650 dólares con ocho centavos, gasta el Gobierno Central en asesores, según información de la Contraloría General de la República, siendo la Asamblea Nacional la institución que más gasta en este renglón, seguido del Ministerio de Educación (MEDUCA). (ver cuadro)

El informe destaca que al año, la Asamblea gasta 2 millones 492,640 dólares en 110 asesores, que están distribuidos en diferentes secciones de ese órgano del Estado.

En el 2010, el Legislativo tenía solo 81 asesores, lo cual indica que en el último período, presidido por José Muñoz, se contrataron 29 nuevos funcionarios para ese cargo, lo cual significa un incremento de unos 500 mil dólares en la planilla, teniendo en cuenta que en el 2010 para ese renglón se gastaban 1.9 millones.

La cifra que gasta la Asamblea en asesores es justificada por Muñoz, quien señaló que hay que tener en cuenta que ese es un órgano del Estado que cuenta con 15 comisiones permanentes de trabajo, que necesitan personal en diferentes ramas del saber.

“Tenemos unos 1,400 empleados, y además las comisiones permanentes, por lo cual requerimos de asesores” , indicó.

El diputado de Cambio Democrático (CD) explicó que todas las contrataciones de los asesores se hicieron de forma transparente.

Destacó que todo lo que se aprueba en la Asamblea se hace con base en un proceso que incluye a la Junta Directiva y luego se envía a la Contraloría de la República, para que emita su opinión.

“Se hablan muchas cosas de la Asamblea, pero nosotros nos manejamos con transparencia”, expresó.

Afectación.
Para el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Alfredo Berrocal, si bien las asesorías son puestos de libre nombramiento y remoción, al final no se toma en cuenta si verdaderamente cumplen con las necesidad que tiene la institución.

“No se toma en cuenta la capacidad de la persona que va a ocupar una asesoría, sino que simplemente se designa por clientelismo, la amistad o porque es de determinado partido político”, indicó.

Agregó que, pese a que esos puestos son de confianza de los ministros y directores, al final causan efectos negativos en el presupuesto, porque ese dinero que se utiliza para asuntos politiqueros podría servir para nombrar a personal capacitado que hay en el país.

“Desde luego que afecta el presupuesto de cada institución, porque esos salarios que ganan son altos en comparación al resto de los funcionarios”, explicó.

Berrocal criticó el hecho de que no haya una reglamentación para que se designen a los asesores en las distintas instituciones.

Polémica.
Sobre el tema, de Contraloría se informó a través del departamento de Relaciones Públicas, que no hay un reglamento o norma que rija la designación de los asesores.

Se explicó que cada jefe es libre de nombrar y remover a los asesores que crea conveniente en sus despachos.

En tanto, el excontralor José Chen Barría consideró que el tema siempre ha sido polémico, debido a que no hay una regulación.

“Nosotros, cuando estuvimos en la administración, tratamos de evitar los gastos innecesarios”, expresó.

Agregó que la designación de asesores se debe hacer conforme a la realidad de la institución y el presupuesto con el que cuenta.

Chen Barría indicó que los asesores deben tener funciones específicas, y no contratarlos por simples favores políticos.

Reconoció que hay casos en que funcionarios que deben estar dentro de la planilla regular son calificados como asesores, lo cual es negativo tanto para el empleado como para la institución donde labora.

“Lo ideal sería que solo se contraten los asesores necesarios a fin de no abultar la planilla estatal”, señaló.

En la administración del expresidente Martín Torrijos, la planilla que tenía el Gobierno Central en asesores era de 5.9 millones de dólares, lo cual se incrementó en los últimos años a 9.1, lo que demuestra que se aumentó en 3.3 millones de dólares.

En el Estado laboran 174 mil personas, de las cuales 111 mil son parte del Gobierno Central y el resto labora en el sector público descentralizado.

Solo en salario, cada año se desembolsan unos 1,800 millones de dólares.