Gobierno sí pretendía desarrollar Cerro Colorado

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) aceptó ayer que la intención del Gobierno era explotar el yacimiento de cobre de Cerro Colorado, contrario a las versiones públicas del propio titular de la institución, Roberto Henríquez.

Incluso la información obtenida a través de fuentes del MICI reveló que ya existían contactos oficiales con las empresas internacionales dedicadas a la explotación minera.

En un correo electrónico, el viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, les comunicó ayer a varias empresas interesadas en la concesión de Cerro Colorado que a partir de la fecha se “suspenderán definitivamente todas las reuniones y consultas referentes al tema”.

“Deseamos agradecerle sinceramente su interés en Cerro Colorado y en Panamá”, sostiene textualmente el correo de “alta importancia” que Quijano reenvió a varias compañías a través de su asistente ejecutiva.

Con este correo, el Gobierno notificó a las empresas que asumió el compromiso de no explotar este yacimiento durante los próximos tres años, el mismo tiempo que le queda a la actual administración.

El tema de Cerro Colorado, considerado la segunda reserva de cobre más grande del mundo por explotar, causó esta semana fuertes protestas de grupos indígenas que exigen la derogación del nuevo Código Minero vigente desde el viernes pasado.

Para estos grupos indígenas, la nueva legislación está dirigida a la explotación de Cerro Colorado, versión que las autoridades rechazan de plano, al igual que la derogación de la ley.

Ayer, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, dijo que el nuevo Código Minero no va dirigido a otorgar nuevas concesiones.

“Lo único que se ha hecho con esta nueva ley es poner multas más duras contra la minería ilegal, subir los impuestos a la extracción y dejar que las empresas estatales de otros países puedan invertir en estas concesiones ya otorgadas por gobiernos PRD”, indicó Papadimitriu.

También reiteró que ninguna de las concesiones mineras que existen han sido otorgadas por el actual gobierno. “La mayoría las ha dado el gobierno del PRD”, añadió.

Papadimitriu insistió en que se deben buscar nuevas entradas económicas para recaudar fondos, y que precisamente las empresas coreanas inyectarían B/4 mil millones en un período de cinco a seis años mientras desarrollaran las exploraciones.

“Tenemos un potencial económico que hoy no vemos, pero que mañana necesitaremos para pagar la Beca Universal, la Red de Oportunidades, entre otros programas", afirmó.

En tanto, el vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, salió al paso de las declaraciones del presidente Martinelli en las que reveló que la llamada a su homólogo de Corea del Sur, Lee Myung-bak fue una recomendación suya.

Varela, manifestó que una de sus responsabilidades como canciller es “promover el diálogo entre mandatarios, y generar inversiones para crear empleos y desarrollo económico y social”.

Aclaró también que el interés de las empresas coreanas de invertir en concesiones otorgadas por gobiernos anteriores ha sido un tema que se ha manejado de modo oportuno, responsable y con total transparencia.