Indagarán allanamiento en cantera La Moña

La Fiscalía Primera Anticorrupción citará a funcionarios del Servicio de Protección Institucional (SPI), de la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Policía Nacional y la Contraloría para que rindan declaración indagatoria dentro de la investigación por abuso de autoridad por haber allanado y cerrado la cantera La Moña, propiedad del legislador Miguel Bush.

El abogado Víctor Almengor, representante legal de Miguel Bush, reveló que el despacho de la fiscal anticorrupción, Cecilia López, prepara la notificación para la práctica de las diligencias, con el fin de determinar si los funcionarios del SPI, Contraloría, el MICI y la Policía tenían un permiso para ingresar a la cantera y ordenar su cierre el pasado cinco de enero del 2002.

Almengor detalló que existen cuatro testigos, quienes han señalado que los agentes del SPI y la Policía no presentaron ninguna orden expedida por autoridad competente para entrar a la cantera La Moña.

Explicó que también se han aportado como pruebas una serie de vídeos transmitidos por diversos noticieros locales en donde el legislador Miguel Bush solicitaba a los agentes del SPI, la Policía y a los funcionarios de la Contraloría la autorización correspondiente para ejecutar el allanamiento y posterior cierre de operaciones de la cantera La Moña.

Almengor expresó que luego de la conclusión del proceso penal se procederá a la presentación de una demanda por daños y perjuicios contra los funcionarios implicados en los hechos, debido a que actuaron al margen de la ley y ocasionaron graves pérdidas a la empresa.

Además, destacó que las investigaciones realizadas por el despacho de instrucción demuestran la ilegalidad cometida por los funcionarios.

Precisó que la denuncia presentada es por los delitos de inviolabilidad de domicilio, abuso de autoridad y extralimitación de funciones y que éstos están debidamente acreditados.

Será necesario revisar los mecanismos que permitan comprobar el destino de los donativos recibidos, y verificar que todas las asociaciones sin fines de lucro existentes en Panamá hayan cumplido con los requisitos establecidos.