La inseguridad como negocio

NO ES UN secreto, en la población panameña existe la percepción de que las autoridades no brindan la seguridad necesaria. Luis Adames, director de Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno y Justicia, reconoce que la sensación de desprotección, es un negocio rentable para las agencias de seguridad privada.
Ante una proliferación de estas empresas, Adames asegura que no sólo trabajan en una legislación que regule el uso e importación de armas y municiones, sino que han cancelado al menos unos 20 permisos a agencias de seguridad privada.
Alex Garrido, gerente del Grupo Especializado de Seguridad e Investigaciones (GRESINSA), señala que los Decretos Ejecutivos No. 21 y 22 de 1992, que regulan el funcionamiento de las empresas de seguridad, necesitan ser actualizados.
Sin embargo, la falta de consistencia en las pruebas psicológicas, la falta de capacitación y la morosidad en el pago de cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS), son otros elementos negativos de las agencias de seguridad.
En varias ocasiones, agentes de seguridad se han visto implicados en actos violentos, que hacen dudar de la veracidad de las pruebas aplicadas.
Adames deplora que "como buenos panameños pragmáticos, le digamos a un amigo médico que nos certifique un examen psicológico" para portar un arma de fuego.
Garrido, quien también preside la Cámara Panameña de Agencias de Seguridad, asegura que esta descripción no se ajusta a todos los casos y que en su empresa existen psicólogos que certifican estas pruebas.
El gerente de la agencia Millenium Security Service, Victorio De Sanctis, comentó que ellos cuentan con los servicios de una prestigiosa empresa para la expedición del examen psicológico.
Un agente de su compañía, Daniel Alberto Castro González, se vio recientemente involucrado en un asesinato en la Urbanización La Reina de Vacamonte. De Sanctis argumenta que ha sido una situación confusa que está bajo investigación.
"Ese agente lleva 12 años en este trabajo, es puntual y con una conducta estable. Son accidentes que ocurren", agregó.
Tomás Rosas, secretario general de la Policía Técnica Judicial (PTJ), asegura que la legislación no permite conceder un permiso para portar armas a quienes presenten antecedentes penales.
No obstante, agrega que aunque la ley faculta establecer cancelaciones, si el solicitante refleja una conducta descontrolada y peligrosa y no tiene antecedentes penales, la PTJ está obligada a darle el permiso.
El empresario Argel Cerceño, propietario de Servicio Profesional Especializado (SEPROESA) comentó que cuando compró otra agencia de seguridad se encontró con múltiples inconvenientes. Las armas no tenían los permisos de la PTJ, y existía una morosidad en el pago a la CSS.
Para Cerceño, el problema está en la falta de comunicación entre las autoridades y las empresas de seguridad privada.
"Nadie nos habló sobre permisos de armas por vigilante. Nuestra empresa cumple con las normas y requisitos de la ley, contamos con permisos de armas, ofrecemos capacitación pero pensar en arma por persona es una propuesta que rompe con los parámetros de este negocio", asegura.
Sobre la morosidad a la CSS, Cerceño asegura que a ellos les exigen el pago de cuotas, pero se pregunta ¿dónde están los demás?
Según Garrido, la responsabilidad recae en el Ministerio de Gobierno y Justicia, pero en la práctica esa supervisión no se hace efectiva.
René Quintero, ex docente de la Policía Nacional, afirma categóricamente que estas agencias no deben multiplicarse sin estar reconocidas por la Academia de Policía y supervisada por la dirección de docencia de la institución estatal.
"Hay empresas que tienen a extranjeros capacitando a sus agentes y no sabemos cuáles son los fines", manifiesta.
Para expedir un permiso de armas al cuerpo diplomático, sólo se exige presentar una nota de la embajada o consulado y B/.11 anuales.
La proliferación de armas ilegales puede deberse a la propagación de agencias de seguridad que no cumplen con las normas vigentes. Hay registradas 88 agencias de seguridad privadas.