María del Pilar Hurtado puede ser detenida pero no deportada

La exjefa de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado puede ser detenida y multada por no tener actualmente un estatus migratorio en Panamá, pero no puede ser deportada, dijo hoy el director del Servicio Nacional de Migración (SNM), Javier Carrillo. El jefe de Migración declaró a un canal local de Panamá que hasta el momento el paradero de Hurtado sigue siendo desconocido, pero que si es localizada y detenida no se le podría deportar de inmediato como lo piden las autoridades colombianas. En todo caso, según Carrillo, lo que corresponde sería el cobro de una multa de 50 dólares a Hurtado por cada mes vencido en su condición de indocumentada. Luego de pagada la totalidad de la multa, Hurtado tendría una semana para salir del país o para realizar algún tipo de trámite migratorio ante las autoridades de Migración de Panamá, explicó el funcionario. "Creo que las normas migratorias (panameñas) son normas adecuadas", afirmó Carrillo. El canal de televisión, por su parte, citó fuentes diplomáticas que señalan que Hurtado no ha hecho hasta el momento ninguna gestión ante la embajada de Colombia en Panamá. En julio pasado, se informó en Bogotá que el Tribunal Superior de esa ciudad aprobó la solicitud de la Fiscalía de anular el pasaporte de Hurtado, para que la exfuncionaria no pueda salir de Panamá, país en el que se presume que se encuentra desde que en 2010 se le concedió asilo. Hurtado dirigió entre 2007 y 2009 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia liquidada por una trama de espionaje a magistrados, políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en el Gobierno de lvaro Uribe (2002-2010). La exfuncionaria es investigada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir. La exdirectora del DAS perdió su condición de asilada en Panamá luego de que en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña resolviera que el decreto mediante el cual el Ejecutivo le concedió el asilo en 2010 es inconstitucional. El ministerio panameño de Relaciones Exteriores ha pedido a las autoridades de Colombia que aclaren su solicitud de extradición de la exjefa de inteligencia colombiana, ya que el actual requerimiento, tras la declaración de inconstitucionalidad del asilo, fue presentado con la misma base que una petición que fue rechazada en 2012.