Migrantes en Panamá: entre la ilegalidad y la deportación

Una gran cantidad de extranjeros indocumentados circulan libremente por Panamá. Las cifras son alarmantes: dominicanos, hindostanes, colombianos, chinos, centroamericanos... llegan en busca de nuevas oportunidades. Uno de los casos más sobresalientes es el de las mujeres colombianas y dominicanas que han invadido los salones de belleza y la economía informal.
En un salón de belleza los trucos para evadir a los inspectores de Migración son dignos de la imaginación de un novelista. Por ejemplo, cuando acuden los inspectores, las operarias se sientan como el resto de los clientes para ser atendidas; logran, en la mayoría de los casos, pasar desapercibidas. Sin embargo, esta situación las hace más vulnerables a los empleadores que las explotan laboralmente, no les pagan Seguro Social correspondiente y las contratan verbalmente. Esto obliga a que muchas de ellas (aunque también hay hombres), se tengan que dedicar a la prostitución clandestina o bien a actos delictivos y lo más serio casarse con nacionales de forma artificial con las consecuencias que esto significa.
Según destaca Sonia Fuentes, responsable del Programa de Atención a los Migrantes de escasos recursos a Panamá, se les atiende gratuitamente para que puedan regularizar su estatus. La ley es injusta y se aplica de acuerdo a la práctica administrativa de los directores de Migración. Los trámites son realmente largos y angustiosos. Los migrantes que acuden a Cáritas indican que en su gran mayoría han sido atendidos por abogados que no les han resuelto su situación, pero sí les han cobrado fuertes sumas de dinero. Cáritas atiende diariamente 10 a 12 personas. En su mayoría son hombres con edades comprendidas entre los 20 a 40 años.
Explicó Fuentes que la ley de migración es clasista porque establece criterios económicos para otorgar la visa y regulación de su estatus migratorio. Los inversionistas no tienen ningún problema, sin embargo, las personas de escasos recursos no tienen mayor opción. Antes, las personas que tenían contrato de trabajo podían obtener la residencia sin importar su salario. Hoy día, para obtener la residencia el salario debe ser de B/. 1,000 y si es como técnico el salario debe ser de B/. 500.00. Este requisito obliga a que las personas se casen por conveniencia, por la misma restricción por la ley.
Según Fuentes, las categorías de los deportados van desde la deportación por incumplimiento de los requisitos que exige la ley y que estipula que no se puede regresar al país por 5 años. Existe la categoría de repatriación voluntaria que estipula que no se puede regresar al país hasta dentro de 2 años. Existe también la categoría de salida controlada, que significa que la persona compra su pasaje, paga su multa y sale del país. Sin embargo, en el aeropuerto queda su nombre registrado.
Según la funcionaria, ante la cantidad de "matrimonios arreglados" como única vía para legalizar su estatus migratorio los funcionarios de migración practican una serie de entrevistas a la pareja (por separado) para determinar si el matrimonio es real y no una situación fingida para obtener su permanencia en el país. Al respecto, Fuentes se hizo portador de las quejas de los migrantes con interrogantes capciosas como: ¿De qué color es la toalla que usó esta mañana? ¿Que cenó anoche? Opina que una entrevista no es una atenuante para afirmar que una persona convive o no con otra. Y se les niega la visa sobre la base de los resultados de la entrevista.
Indicó Fuentes que Cáritas es la institución pionera de atención de los migrantes pobres en Panamá. La situación es preocupante porque se está aumentando los niveles de xenofobia a los extranjeros. La nueva ley de migración debe reunir las expectativas y cada día aumentan las restricciones para que los migrantes pobres se radiquen en Panamá. Somos un país que creció gracias al aporte de muchas culturas y no se justifica el rechazo a los extranjeros. Los migrantes aportan al crecimiento socio-cultural y económico del país.
Para Javier Tapia Miranda, sub director Nacional de Migración y Naturalización, la actual administración se ha percatado de la diversidad de situaciones limitantes por las que atraviesa el control migratorio y se observan aspectos que a veces requieren de la discrecionalidad del director de Migración. Se requiere una actualización, reforma y modernización de la legislación. Se refleja la deficiencia del Decreto Ley 16 de 1960 porque no recoge aspectos propios de los movimientos migratorios.
En materia de visas masivas otorgadas, se desconoce las consideraciones por las cuales se otorgaron, se requiere investigar si las visas para inversionistas cumplen con los requisitos: generar inversión y empleomanía. Las estadísticas reflejan para el año 2003 las siguientes cifras:
Con relación a la migración de profesionales, Tapia reconoció que muchos nacionales se han visto afectados sobre todo en áreas tales como ingeniería, belleza, arquitectos, buhoneros. Los respectivos gremios han denunciado la situación toda vez que existen profesionales nacionales que pueden realizar dichos trabajos. Según el funcionario, se está consultando opiniones con respecto a la nueva ley migratoria para su modernización.
El movimiento migratorio se aplica por razones familiares o de trabajo. La visa de trabajo es de carácter temporal, la visa de inversionista se otorga en carácter de inmigrante a efecto de que pueda optar por la residencia. Los trámites se realizan mediante abogado, en caso de la vida familiar se debe presentar el certificado de matrimonio y se paga B/. 100.00 y/o B/. 500.00 que van al Tesoro Nacional y un pago al Fondo de Repatriación. La ley exige certificados de salud y su historial policivo.
Tapia destacó que se llevan a cabo frecuentemente acciones para descubrir indocumentados. Las necesidades de este recurso humano son evidentes: un total de 100 inspectores trabajan a nivel nacional. Reconoció que el salario de B/. 250.00 por la casi totalidad de estos funcionarios es muy bajo. Tienen mucha experiencia, pero se requiere, además de la capacitación, la respectiva mejora salarial. La tentación es permanente, indicó Tapia.
Con relación a los deportados, indicó que más de 700 personas han sido deportadas y los costos superan los B/. 130,000. Cada deportado significa para el Estado atender su alimentación, salud, alojamiento y garantizarle su pasaje de regreso a su país.
La ley establece que un turista puede tener hasta 90 días para permanecer en el país y 90 días más prorrogable. En la realidad no es turismo porque nadie hace turismo por 90 días, están trabajando y no cumplen requisitos exigidos por la ley. Subrayó que muchas personas se involucran en actividades informales o delictivas. Debe definirse la política migratoria con los respectivos controles y seguridad.
Carlos Alberto Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, informó que los representantes de la Comisión de Derecho Migratorio del gremio, sometieron a la consideración de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización un Manual de Derecho Migratorio, destinado a uniformar las disposiciones vigentes relativas a la actividad migratoria.
Vásquez sostuvo que la Dirección de Migración está proponiendo la actualización de la Ley de Migración. Se realizan conversaciones con esta dirección para que el Colegio de Abogados sea contratado a través de sus especialistas y se elabore un proyecto de ley novedoso.
Vásquez destacó que la Dirección de Migración ha sido criticada por la ciudadanía, incluyendo los abogados, porque han sentido que no se atienden, con la celeridad e importancia necesaria, las peticiones que se formulan. Además, ha habido sesgos de interpretación discrecional por las diferentes administraciones de Migración sobre el otorgamiento o no de visas, calificándolas como restringidas o no; igualmente de permisos que en alguna medida no han satisfecho los mejores intereses del país y de la propia institución que regula la materia. Existen posibilidades que luego de las consultas con los sectores involucrados se determine la viabilidad de modernizar las estructuras migratorias. Se firmará así un Convenio de Cooperación Recíproca para la elaborar un anteproyecto.
Respecto a las denuncias sobre prácticas de corrupción por parte de los abogados, Vásquez destacó que la situación es de doble vía porque hay personas que se han hecho pasar por profesionales del Derecho y algunos son "profesionales" en la tramitación: tinterillos o pasantes de supuestos abogados que se dedican a la tarea de solicitar el pago de una remuneración para efectuar trámites ante la Dirección de Migración.
Destacó Vásquez que el Colegio ha actuado de manera firme frente a quienes se han hecho pasar por abogados indicándole a la Dirección de Migración que debe promover las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, por ejercer la abogacía de forma ilegal. En el caso de abogados en ejercicio, y ante denuncia formal por violación al Código de Etica, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, por solicitud del Organo Judicial y del Ministerio Público o por actuación de los afectados, puede efectuar las investigaciones correspondientes y sancionar.
Al respecto, han existido ejemplos claros al haberse suspendido la idoneidad por dos años. Vásquez resaltó que estos son los casos menores. Existen funcionarios que solicitan dinero para acelerar los trámites migratorios que realizan abogados o particulares. Esos casos deben ser examinados por el Ministerio Público y establecer las sanciones, que conforme al ordenamiento expresado, se prevean de una manera ejemplar los actos de corrupción. Toda destitución debe ser aclarada. Esa es la única y mejor forma de controlarla, advirtió el directivo gremial.