Parlacen se niega a desalojar edificio del Estado panameño

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el Gobierno de Panamá libran una batalla legal por el derecho a ocupar una propiedad ubicada en las áreas revertidas, que pertenece al Estado.

El organismo centroamericano, del cual Panamá ya no es parte, dijo ayer que no está dispuesto a desalojar el local en donde opera una de sus subsedes, aunque su contrato de arrendamiento esté vencido desde el 13 de enero de 2008.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, mantiene ante la corregiduría de Ancón una solicitud de desalojo del local.

Pero ahora, el Parlacen sostiene que la corregiduría no tiene competencia en esta disputa, y presentó un recurso de nulidad en contra de la solicitud de desalojo de la UABR.

El organismo agregó que el contrato de arrendamiento solo puede ser disuelto a través de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia o en un proceso de arbitraje.

Alberto Cabredo, apoderado judicial de la UABR, señaló que la posición del Parlacen no tiene ningún sustento, porque el contrato está vencido desde el 2008 y no hay interés en mantener la relación.

Incluso, resaltó que la institución no recibe el pago de las mensualidades, “porque no hay contrato que justifique que ellos permanezcan en el lugar”.

El contrato de arrendamiento entró en vigencia en enero de 2003 por un periodo de cinco años, bajo un canon mensual de solo 298.14 dólares.

La propiedad está ubicada en sector de Williamson Place, en la comunidad de Balboa, corregimiento de Ancón.

Desde el año 2008, el Parlacen paga la mensualidad por la propiedad sin tener una prórroga oficial del contrato.

Dorindo Cortez, presidente del Parlacen, dijo que ellos están dispuestos a llevar el caso a un arbitraje ante la Cancillería de Panamá como establece el contrato, ya que como organización defienden la ocupación de la propiedad.

Afirmó que una vez que se cumplió la fecha de vencimiento del contrato, ninguna de las dos partes pidió su renovación automática, dando a entender, “a lo que en Derecho Civil se le conoce como una tácita extensión del contrato”.

Pero el Parlacen también sacó un as bajo la manga para tratar de permanecer en el lugar.

Cortez confirmó que lograron pagar el alquiler de estas oficinas hasta el mes de julio próximo a través de la cuenta bancaria de la UABR, y adelantó que si le bloquean esta salida harán los pagos mediante depósito judicial.

“No estamos violentando el contrato, y nos mantendremos en el lugar”, agregó Cortez.

Panamá América intentó conocer la postura del corregidor de Ancón, Basilio Boniche, pero desde su oficina se nos informó que se encontraba realizando otras diligencias.