Procurador Rigoberto González pide eliminar partida discrecional

El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió la "eliminación" de la millonaria partida discrecional que tiene asignada el presidente por un asunto de "ética" y porque hay instituciones que pueden realizar la misma labor con mejores herramientas de imparcialidad. González dijo en el programa "Cara a Cara" que "sostengo mi criterio", que expresó antes de ser designado a ese cargo por el presidente Juan Carlos Varela en 2014, de que las "partidas discrecionales deben eliminarse". Rigoberto González, "antes de ser procurador de la Administración expresó una posición respecto a las partidas discrecionales y dije en su momento que deben eliminarse, ahora que soy procurador yo no puedo ser incoherente y contradictorio con lo que dije en aquel momento y lo digo con todo respeto al señor presidente, a algunas personas allegadas a él que las han defendido", enfatizó. "Quiero que me entiendan como procurador de la Administración, si lo dije en un momento, lo digo en base a principios, porque uno no actúa en base a coyunturas, en mi opinión -reiteró- esas partidas discrecionales deben eliminarse". La polémica por el supuesto uso selectivo de esa millonaria partida por parte de Varela se inició la semana pasada cuando se conoció que destinó más de 17.000 dólares al pago de una operación a un alto funcionario y, al ser cuestionado, el gobernante dijo que era su "prerrogativa" porque "para eso lo habían elegido". Luego se corroboró que otros dos funcionarios de la Presidencia con altos salarios recibieron dinero de esos fondos públicos para sufragar operaciones en el exterior o en las clínicas más exclusivas del país. También se cuestionó que decenas de miles de dólares se dieron al Colegio Javier, jesuita y privado, a lo que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en un programa de televisión dijo que esa era "el alma mater" del gobernante y de él y por eso lo iban a "seguir apoyando". La lluvia de críticas contra el Ejecutivo no se hizo esperar, pese a que el gobernante anunció un programa de urgencia para operar a 15.000 panameños que tienen años, en muchos casos, esperando turno en los hospitales del Estado y esta semana los primeros 20 pacientes fueron hospedados en un hotel para ser intervenidos en clínicas privadas. Esas operaciones son costeadas por el Estado y la Caja de Seguro Social, por unos 15 millones de dólares, según cifras oficiales. González especificó que "en el fondo de eso hay un problema ético, esto no es un simple problema de legalidad, porque por allí escuchaba a alguien que había que regularlas (...) porque el manejo (...) tiene que ver con el manejo de fondos públicos y la discrecionalidad tiene que tener otro tipo de sustento técnico de mayor relevancia y para eso hay instituciones que pueden cumplir con esa finalidad". "Con qué criterio voy a decir a una persona a ti sí, a ti no, estando en la misma circunstancia y necesidad, porque si yo tengo fondos tengo que tratar a todos de la misma manera, tengo que tener respuestas iguales para todos y eso es lo que hace cuestionable, por el problema ético que está en el fondo, y yo no me puedo quedar callado", acotó.