Pugna entre Banco Hipotecario y Frente Contra la Corrupción

Una controversia despertó recientemente cuando el Frente Nacional Contra la Corrupción denunció a las autoridades del Banco Hipotecario Nacional (BHN) por falta de transparencia en la adjudicación de un contrato para vigilancia, pero que ésta entidad estatal niega.
El Frente Anticorrupción, presidido por Enrique Montenegro, denunció a las autoridades de adjudicar la contratación al proponente que llegó en tercer lugar, mientras que funcionarios del BHN desestimaron tal señalamiento y revelaron "fallas" de una empresa denunciante.
Aportando documentaciones, el Frente Anticorrupción se hizo eco de una serie de denuncias de "anomalías" en el procedimiento de adjudicación, puestas sobre el tapete por el representante legal de la National Security Agency Panamá Corp (NASA), David Ocalagan.
Estas fueron negadas por Alejandro Oviedo, de la Gerencia Administrativa del BHN, quien de paso, se refirió a unas "fallas" de NASA, precisando que durante la evaluación que se hizo "empresa por empresa" se vio que en la ARI se "habían hecho unas alteraciones de estados de cuenta".
Por su lado, el gerente general del Banco Hipotecario, Waldo Arrocha, calificó la adjudicación de la contratación para los servicios de seguridad, como un acto "totalmente transparente", y agregó que todo el procedimiento es "fiscalizado por el control fiscal".
De acuerdo con la Resolución de gerencia fechada el 15 de marzo de 2000, se decidió "adjudicar" la solicitud de prestación de servicios de seguridad y vigilancia a la empresa Vigilancia y Seguridad S.A., por un monto aproximado de B/. 230 mil por un periodo de nueve meses.
Según el acta de apertura de sobres de la solicitud de precios, cuatro empresas presentaron sus ofertas, a saber: Vigilancia y Seguridad S.A. (B/. 230 mil 176), Armored Service S.A. (B/. 251 mil 597), National Security Agency (NASA) (B/. 226 mil 615) y Seguridad Unida S.A. (B/. 227 mil 184).
La Comisión Técnico Económico rindió su informe fechado el 13 de marzo de 2000, con la cual se presentó la siguiente ponderación: Vigilancia y Seguridad S.A. (72 %), Armored Service S.A. (51 %), National Security Agency (NASA) (60 %) y Seguridad Unida S.A. (66 %).
A Alejandro Oviedo se le expusieron denuncias de "anomalías", presentadas por el representante de NASA, entre ellas, el que la Dirección Administrativa, a través del Departamento de Compra, debió entregar a los distintos proponentes copia del informe de la junta técnica evaluadora.
No obstante, aseguró el denunciante, tal gestión no fue hecha efectiva "hasta después de habernos solicitado nuestra notificación de la resolución administrativa que adjudicaba el acto". Esto fue preguntado a Oviedo, quien refutó lo expuesto mencionando lo que establece la Ley 56.
"La ley No. 56 establece que se hará público el resultado de la recomendación de la Comisión Técnica Evaluadora. El hecho es que se establece claramente que se hará público, y hay murales tanto en el Departamento Legal como en el Departamento de Compras", dijo Oviedo.
Aseguró que en esos murales se colocó "cuáles habían sido los resultados de la Comisión Técnica Evaluadora", y agregó que "es obligación de las empresas que participan en un acto público apersonarse y ver lo murales informativos" que "es una manera de notificación".
Adicionalmente, se le preguntó al funcionario otra queja según la cual, la junta paritaria que establece la Ley No. 56, debe estar conformada por personas idóneas en la materia que se está contratando, pero que "no han querido entregar los curriculum".
A esto respondió Oviedo, dando cuenta de las credenciales de los miembros de la junta, y a la vez haciendo saber que están dispuestos a dejar que se conozcan los curriculum. "Si ellos necesitan el curriculum de las personas, con mucho gusto la empresa se los puede hacer llegar", acotó.
Negó que en algún momento cuando se creó la comisión y "ellos se notificaron de la misma, presentaron ninguna documentación quejándose de quiénes eran los miembros de dicha comisión. Yo creo que ellos tuvieron el momento indicado para hacerlo".
Otra queja más irrumpió. La Ley 56 establece que después de haber entregado el informe de la junta técnica evaluadora a los distintos proponentes debe haber un tiempo de "cinco días hábiles" para que se reciban las observaciones de los proponentes y ello no se hizo.
De acuerdo al denunciante ello no se hizo porque "la resolución de adjudicación se firmó 2 días después de haber firmado el informe de la junta técnica evaluadora". Oviedo respondió a esto diciendo que ello no es cierto porque tal como dijo antes, la ley establece que el procedimiento es hacer público y "el hacer público es poner en un mural oficial".