Regalías de concentrado de cobre se calcularán con base a contrato 406

Las regalías que tendrá que pagar Minera Panamá por el concentrado de cobre serán con base en el contrato 406, vigente cuando ese material se procesó, informó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

De acuerdo con el titular, se ha tratado de confundir a la población de que las regalías aplicables para el concentrado son las que establece el código minero.

No obstante, luego de consultar a la Procuraduría de la Administración se aclaró que las que aplica son las del contrato 406, que luego fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El contrato, en su cláusula novena dispone una tasa aplicable de regalía sobre ganancia bruta entre 12% y 16%.

El ministro de Comercio, durante su comparecencia a la Comisión de Comercio de la Asamblea, especificó que el concentrado de cobre que mantenía la mina era de 128 mil 17 toneladas métrica, mediante una auditoría realizada el 12 de diciembre de 2024.

Fueron cuatro embarques los utilizados para retirar y comercializar dicho concentrado, efectuados el 18 de junio y el 4, 22 y 27 de julio del presente año.

La empresa minera presentará informe al Gobierno sobre el monto final de este concentrado que dependerá del mercado, dijo Moltó.

Los ingresos deber ser reportados, dijo el titular, que comunicó que, en este sentido, solicitaron la información comercial a la empresa, la cual una vez se tenga, se informará a la ciudadanía cuanto le corresponde al Estado en concepto de regalías.

Situación de arbitrajes

Por el cierre de la mina fueron colocados cuatro arbitrajes, de los cuales uno fue desistido y los otros tres se encuentran suspendidos.

El que fue desistido es el de Minera Panamá, por 2 mil millones de dólares.

Mientras, los que están suspendidos son el de First Quantum Minerals, por $20 mil millones; Franco Nevada, que asciende a $5 mil millones; y la empresa coreana Komir, de $2 mil millones.

Moltó dijo que el Gobierno hará lo que esté a su alcance para que estos arbitrajes que suman $27 mil millones no se reactiven contra el Estado.

Moltó reveló que la asistencia legal brindada a Panamá para defenderse en estos procesos ha tenido un costo de $4.7 millones, de los cuales no se han realizado pagos, debido a temas presupuestarios.

Destacó lo positivo de contar con estas firmas de abogados, ya que se pudo desestimar uno de los arbitrajes, mientras que los otros quedaron suspendidos a la espera que la empresa se siente a conversar con las autoridades del país.

La empresa minera cesó operaciones el 5 de diciembre de 2023, luego de más de un mes de protestas populares.