Una subcomisión tratará las denuncias contra Benavides
Se crearon tres subcomisiones para abordar con urgencia seis expedientes, en los que se menciona al presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado. Auditoría de Comisión de Credenciales detectó la existencia de expedientes archivados sin contar con el aval de la mayoría de los diputados.
Una subcomisión tratará las denuncias contra Benavides
@AntonioSaul27
Las exigencias hechas por sectores de la sociedad civil, a través de los medios de comunicación, obligó al presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Luis Barría, a darle tratamiento de urgencia notoria al caso de Víctor Benavides.
Así lo reconoció Barría al nombrar una subcomisión para que analice las denuncias presentadas contra el magistrado Benavides.
Hasta el pasado domingo, Barría se mantenía en que el tema de Benavides no estaba en la agenda de la Comisión de Credenciales.
Sin embargo, para Enrique Montenegro, la creación de esta subcomisión no convence, porque no entra a investigar de inmediato a Benavides, como se hizo en el proceso contra el exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
Esto no fue lo único que se hizo en la Comisión de Credenciales este lunes. También se conformaron otras dos subcomisiones para analizar casos que señalan al magistrado presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado, los cuales serán tratados con la misma urgencia que las denuncias contra Benavides.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, ha dicho que las denuncias contra Benavides no pueden ser consideradas con la misma prominencia que las hechas a los otros magistrados.
La razón, a juicio de Castillo, es porque en el caso de Benavides se está hablando de delitos graves como es el tema contra la libertad sexual, en el que se involucra a niños.
Sin embargo, en la Comisión de Credenciales hay otro enfoque, según el diputado Barría, quien dijo que al hacer las auditorías forenses se dieron hallazgos delicados.
Uno de estos hallazgos, dijo, fue el hecho de haberse encontrado una caja que estaba identificada como casos cerrados, pero al abrirla se percataron de que había cuatro expedientes archivados sin contar con la firma de la mayoría de los diputados de la Comisión de Credenciales.
Entre esos expedientes, dijo Barría, se encontró un caso contra Ayú Prado, otro contra el exmagistrado Moncada Luna y los otros dos están por considerarse.
Un segundo hallazgo que llamó la atención de la auditoría, comentó Barría, fue una denuncia voluminosa que presentara el sindicalista Mariano Mena en contra del magistrado presidente de la Corte. Se trata del expediente 168, que consta de 12 tomos con 8,000 fojas.
A Montenegro no le sorprende la decisión de la comisión y la califica como una estrategia política; sin embargo, señaló que no descarta que para el día de hoy se presente a la Asamblea para hacerle llegar a la subcomisión que atiende el caso Benavides, una copia de la denuncia que interpuso en el Ministerio Público en contra de tres abogados.
En dicha denuncia se menciona a los magistrados Víctor Benavides y Jerónimo Mejía, la cual, según Montenegro, existen pruebas idóneas que podrían originar una investigación contra ambos.
La Comisión de Credenciales se declaró en sesión permanente hasta que las subcomisiones emitan un informe que permita determinar si existen méritos para admitir una investigación contra los magistrados.
Sesión permanente para calificar la prueba idónea en investigación
La Comisión de Credenciales se declaró en sesión permanente hasta que los integrantes de las tres subcomisiones emitan el informe final sobre si admiten las denuncias contra los magistrados Víctor Benavides y José Ayú Prado.
Contra Benavides se sabe que hay una denuncia en firme que es por los delitos contra la libertad sexual y contra la administración.
Además de que hay una nota que fue presentada como prueba idónea para que los diputados inicien una investigación.
Juristas consultados tienen opiniones distintas.
Silvio Guerra, jurisconsulto y catedrático universitario, considera que es prueba idónea porque la nota presenta nombre de personas y lugares donde supuestamente se cometía el delito.
Los diputados Ana Matilde Gómez, Elías Castillo y Marilyn Vallarino son los encargados de revisar esta denuncia, quienes deberán analizar la polémica nota y establecer si constituye prueba sumaria.