Víctimas de jarabe retoman protestas

A partir de mañana, martes 26 de marzo, afectados y familiares de las víctimas de envenenamiento por dietilenglicol volverán a las calles, esta vez con el objetivo de exigir a este gobierno que antes de que se venza su periodo tramite las más de 1,000 certificaciones que están pendientes de evaluación en el Ministerio de Salud (Minsa).

Se anunció que las protestas serán desde las 7:00 a. m. en la vía Interamericana de la ciudad de Penonomé, capital de la provincia de Coclé; en la región de Azuero, frente al río La Villa; y en la capital, en los predios de la Presidencia de la República.

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Según la legislación vigente, es necesario contar con una certificación oficial para que el paciente afectado por el envenenamiento masivo pueda acceder a la pensión vitalicia y a otros beneficios que se ofrecen a manera de compensación por los daños a su salud.

Sin embargo, este proceso se ha convertido en un trámite burocrático y tedioso, que para colmo tiene en su contra el inminente final de la actual administración del presidente Juan Carlos Varela.

"Exigimos al Minsa dé un informe cuanto antes de las solicitudes pendientes. Nos preocupa que se acerca el final de este gobierno, porque si no se consiguen las certificaciones antes, entonces habría que dar inicio al proceso con las próximas autoridades", explicó Gabriel Pascual, vocero del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida.

El dirigente lamentó que se mantenga una dilatada mora de las autoridades en este tema, ya que hay más de 1,000 nuevos casos que están esperando ser evaluados; además de 355 personas que tienen pendientes reevaluaciones por parte del Minsa.

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Con las certificaciones la persona tiene el derecho a la pensión. Pero mientras no cumpla este requisito no puede iniciar el trámite correspondiente.

"Nos preocupa que el tiempo pase y no lleguen las respuestas, lo cual impide que se determinen quién tiene derecho o no a los beneficios", reiteró el vocero de los afectados.

Pascual recordó que se repartieron más de 250 mil frascos con el medicamento alterado, "y no puede ser que solo 3,000 personas se hayan afectado".

Y ante la urgencia por una respuesta a las solicitudes de certificación pendientes, los miembros del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida no descartaron cierres de calles mañana en los puntos de protestas anunciadas.

"Es la única manera de presionar a las autoridades y que den cumplimiento a los objetivos planteados", concluyó Pascual.

A la fecha, unas 1,069 personas certificadas estarían siendo beneficiadas con la reciente sanción y promulgación de la Ley N°80 que modifica la Ley 20 de 2013, que aumenta la pensión vitalicia de $600 a $800 mensuales, con efecto retroactivo hasta el uno de febrero de 2019.