Polémica en Venezuela por una ley de emergencia que prevé la "toma" de terrenos

El Parlamento venezolano discute una ley de emergencia para la levantar viviendas en terrenos urbanos "ociosos", que podría propiciar "expropiaciones indiscriminadas", dijeron hoy a Efe portavoces del sector de la construcción.

El proyecto de Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda fue pedida a la Asamblea Nacional (AN), de amplia mayoría oficialista, el mes pasado por el presidente Hugo Chávez, con el argumento de que servirá para solventar la situación de los miles de damnificados por las fuertes lluvias que azotan el país.

El temporal, que comenzó a principios de noviembre, ha dejado una treintena de muertos, poblados inundados, e importantes daños a la infraestructura vial.

Uno de los artículos más polémicos es el que establece la toma de terrenos urbanos "ociosos o subutilizados", los cuales se convertirían en "zonas de emergencia" para construir en ellos nuevos complejos habitacionales.

El texto legislativo, que ya fue aprobado en la primera de dos lecturas en la AN, "deja bajo el criterio de los funcionarios y no de un tribunal, establecer qué terrenos están subutilizados", alertó el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón.

"Están dejando la puerta abierta a nuevas expropiaciones indiscriminadas", añadió Grullón, quien reiteró que el sector privado está "dispuesto a ayudar" y colaborar con el Gobierno en la construcción de casas, pero siempre con reglas claras de juego.

El proyecto de ley contempla la creación del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, que, indica el texto, impulsará la construcción de viviendas y la "regularización, ordenación y ocupación de las tierras urbanas ociosas y subutilizadas".

Según Raimundo Orta, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, la norma en discusión "es altamente peligrosa para la propiedad privada del país".

"La intención del Gobierno no es crear una ley de emergencias, sino normas de carácter permanente", continuó Orta en entrevista telefónica con Efe.

El proyecto legislativo introduce un mecanismo de bandas de precios del metro cuadrado de terreno urbano, e incluso la posible creación de una "moneda de la construcción".

Esa moneda funcionaría como "índice de valor" para las operaciones de compra-venta y serviría para "controlar el precio de la vivienda y para evitar la especulación", explicó el diputado oficialista, Luis Gamargo.

La colaboración Estado-empresas queda también contemplada en el proyecto, que propone constituir firmas constructoras de capital mixto, solo públicas y hasta comunales.

Al insistir en la necesidad de acelerar la aprobación de la ley, el pasado 28 de noviembre, Chávez aseguró que negociará con los propietarios si los terrenos urbanos que se identifiquen como ociosos o subutilizados son privados.

Los dueños de los terrenos susceptibles de expropiación "tienen que entender" la situación de emergencia y vender al Estado sus propiedades, expresó entonces el gobernante socialista.

"En toda emergencia debemos colaborar, pero esto debe hacerse de otra manera y sin crear damnificados del otro lado del río", puntualizó Orta, refiriéndose al sector privado.

Chávez ha reconocido que una de las "deudas" que tiene su Gobierno con el país después de 11 años de mandato es "el gigantesco" déficit de viviendas, cercano a los dos millones de casas según la Cámara Venezolana de la Construcción.

Se requieren levantar unas 200.000 unidades anuales para superar la situación, indica la Cámara, que alertó que la producción de 98.000 casas en 2009 podría caer hasta 60.000 este año debido a problemas de inversión y escasez de cemento y el acero, ambos controlados por el Gobierno.

No están claras las cifras de viviendas construidas en la última década por el Gobierno de Chávez, quien en los últimos cuatro años ha designado ocho ministro del área y ha firmado acuerdos con países aliados como Brasil, Irán, Rusia y Bielorusia, para levantar desarrollos habitacionales cuyos avances se desconocen.