Repudio en Colombia por el asesinato de una jueza que investigaba la muerte de tres niños

El asesinato de una jueza que investigaba varios casos delicados en Colombia, entre ellos el homicidio de tres niños hermanos cometido supuestamente por militares, generó hoy un repudio unánime en el país, donde desde 2007 unos 750 jueces han sido amenazados.

El caso de la jueza Gloria Constanza Gaona, asesinada este martes, "nos llena de inquietud", dijo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Hernando Torres, a la emisora La W al alertar de que ser juez "se está convirtiendo en una profesión de altísimo riesgo en Colombia".

De acuerdo con ese organismo, desde 2007 unos 750 jueces han sido amenazados en este país y con Gaona ya son seis los asesinados. El caso más reciente ocurrió en abril de 2010 en Medellín (noroeste), donde un sicario mató a balazos al juez Diego Fernando Escobar Múnera mientras esperaba un taxi para acudir a su trabajo.

Gaona, titular del Juzgado Penal Especializado de Saravena (noreste), en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, fue asesinada cuando se dirigía a su despacho por un sicario que le disparó varias veces.

La jueza llevaba varios procesos delicados contra miembros de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su caso más conocido era el de la violación de una niña y su posterior asesinato junto con sus dos hermanos menores en una zona rural de Tame, localidad vecina a Saravena.

Las víctimas fueron Yenni, de 14 años; Yimmy, de 9, y Yefferson Torres, de 6, quienes el 14 de octubre de 2010 aparecieron degollados y con signos de tortura en una fosa común, situada a 100 metros del lugar donde habían acampado tropas de la Octava División del Ejército.

El padre de los menores atribuyó el crimen a integrantes de esa fuerza militar, lo que llevó a la detención del ahora teniente retirado Raúl Muñoz, quien solo ha confesado la violación de la niña, pero no los asesinatos.

Los abogados de las víctimas, agrupados en el colectivo Humanidad Vigente y el Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos de Arauca, denunciaron hoy que desde hace tiempo se vienen dando "estrategias dilatorias" por parte de la defensa de Muñoz y que personas que han colaborado para esclarecer el caso han recibido amenazas y presiones.

Mientras, el esposo de Gaona, Bernardo Rodríguez, indicó a varias emisoras que ella no había recibido ningún tipo de amenaza o intimidación, al calificar como "débil y raquítico" el sistema de protección a los jueces en Colombia.

La fiscal general, Viviane Morales, admitió en una entrevista con RCN Radio que la situación de amenazas que viven los funcionarios judiciales en Colombia es "grave" y que no se les puede dar protección "porque no hay presupuesto".

Como ejemplo, reveló que hay un único coche blindado a disposición de los 23 fiscales que llevan a cabo investigaciones contra las bandas criminales (bacrim), actualmente la principal amenaza para la seguridad nacional.

El Gobierno, que ofrece una recompensa de 500 millones de pesos (unos 266.000 dólares) por información que ayude a esclarecer el crimen, todavía no descarta ninguna hipótesis sobre los móviles del asesinato, según afirmó hoy el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló que los casos que llevaba Gaona serán asignados a un juez especializado de Bogotá.