Nueva presión para vincular a Martinelli en el caso SAP

La nueva arremetida del Gobierno contra exfuncionarios y proveedores de la administración anterior tiene el mismo origen que antes: el Consejo de Seguridad Nacional.

Ahora, en medio del escándalo que perjudica al país, debido a las actuaciones de la firma de abogados del exministro consejero del presidente de la República, se reactiva un proceso, mediante el cual el fiscal sexto anticorrupción, Aurelio Vásquez, ya ha ordenado detención preventiva contra dos exfuncionarios y hasta ha pedido asistencia a Interpol para capturar a un empresario.

Uno de los exfuncionarios detenidos la semana pasada, Carlos Tasón, quien fuera director de Innovación de la Caja de Seguro Social (CSS), durante la gestión de Guillermo Sáez Llorens, recibió fuertes presiones desde el Consejo de Seguridad, dirigido por Rolando López, alias "Picuiro", para involucrar al expresidente Ricardo Martinelli en el expediente sobre el caso SAP.

De acuerdo con una fuente, la presión contra Tasón fue tan fuerte que su abogado renunció a seguir defendiéndolo.

"Ingenuo es el presidente Varela, si piensa que acrecentando persecución política, logrará esconder los 'Panamá papers' que manchan su Gobierno", escribió en su cuenta de Twitter, el vocero del exmandatario, Luis Eduardo Camacho.

Esta forma de manipular las investigaciones contra funcionarios del gobierno anterior, mediante la cual los expedientes son armados en el Consejo de Seguridad, ya ha sido denunciada en diversas ocasiones.

Caso PAN

Uno de los primeros en denunciar la coacción por parte de los fiscales, fue el abogado del exdirector del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburrelli, Gonzalo Moncada Luna, quien en un escrito de objeción denunció que la entonces fiscal segunda anticorrupción, Lizzete Chevalier lo amenazó y sugestionó, reprochándole que no había implicado a personas que ella consideraba involucradas en el caso, como un expresidente de la República, en alusión a Martinelli.

Cobranzas del Istmo

Luego, en mayo de 2015, tras vincular a Martinelli en el caso de Cobranzas del Istmo, el gerente de esa empresa, Cristóbal Salerno, fue beneficiado con medida cautelar de casa por cárcel.

Salerno no presentó pruebas de las acusaciones hechas contra el exmandatario.

Se cuestionó la legalidad del contrato con Cobranzas, sin embargo, el gobierno de Varela realizó cuatro pagos a la empresa por 7 millones de dólares.

Financial Pacific

En septiembre, el exdirector de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Ignacio Fábrega, denunció en un audio, presiones dentro de las investigaciones por el presunto desfalco a Financial Pacific, para que involucrara a más personas.

Manifestó que fue cuestionado por el liquidador de Financial Pacific, de nombre Hidrobo, y que dichas preguntas iban dirigidas para que vinculara al exministro de Turismo, Salomón Shamah, y al exsuperintendente del Mercado de Valores, Juan Manuel Martans.

Pinchazos

En diciembre circuló en las redes sociales un video en el que Jaime Agrazal, exmiembro del Consejo de Seguridad, denunció que fue coaccionado por el Gobierno para que declarase en contra de Martinelli y así vincularlo en el caso de "pinchazos telefónicos".

Añadió haber recibido ofrecimientos de funcionarios, "de dinero y ayuda a mi casa, porque según ellos, tenían el poder para hacerlo, con tal que fungiera como testigo en este caso y vinculara al expresidente Ricardo Martinelli, a Gustavo Pérez, Alejandro Garuz y Rony Araúz".