CIUDAD DE MÉXICO — La redada propinó un gran golpe al grupo delictivo más temido de Ciudad de México: 31 presuntos miembros de la organización fueron arrestados, se descubrieron dos laboratorios clandestinos de drogas y se incautó un botín criminal que incluía más de 2 toneladas de mariguana, 20 kilogramos de cocaína y un arsenal.

Sin embargo, a los pocos días el caso se vino abajo. Tras encontrar incongruencias en los documentos de la fiscalía, un juez puso en libertad a casi todos los sospechosos. Y lo que iba a ser una victoria para el Gobierno se convirtió en una vergüenza.

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En cierta forma, el desenlace fue una reafirmación del nuevo sistema de justicia criminal de México. Una reforma radical al poder judicial, implementada en su totalidad en el 2016, ha creado más transparencia en los tribunales, elevado los estándares de evidencia y les otorga más autoridad a los jueces para desechar acusaciones con base en errores de proceso.

Pero con este debido proceso más férreo, los funcionarios han caído en la cuenta de que una reforma cuya intención era fortalecer la capacidad del país para combatir la violencia y la impunidad también ha vuelto más difícil mantener a las personas tras las rejas.

Esto se ha convertido en un problema para el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos esfuerzos por contrarrestar a los implacables grupos delictivos de la nación en gran medida han sido inútiles.

El Gobierno ahora quiere reestructurar de nuevo el sistema de justicia por medio de un paquete de reformas diseñadas para fortalecer su mano en la lucha contra la delincuencia.

Cuando el Congreso de México aprobó la reforma al sistema judicial en el 2008, su intención era modernizar un sistema opaco, corrupto e ineficiente, y con eso aumentar no sólo el debido proceso y la rendición de cuentas, sino la fe de la ciudadanía en el Estado de derecho.

A diferencia del sistema anterior, en el que la mayoría de los procedimientos judiciales se realizaba a puerta cerrada, con un juez que revisaba los argumentos y las pruebas por escrito, el nuevo sistema se basaba en juicios orales que permitían a fiscales y a abogados defensores presentar sus argumentos ante una audiencia pública.

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Las reformas crearon un juez especial de debido proceso para garantizar que se respetaran los derechos humanos del acusado y limitaba la prisión preventiva de oficio, que a veces se utilizaba para encarcelar a sospechosos durante años.

Las reformas se adoptaron en un marco de ocho años, en el que se capacitó nuevamente a oficiales de policía, fiscales, jueces y abogados defensores; se construyeron nuevos juzgados, y se renovaron los programas de estudio en las facultades de Derecho.

Por la índole titánica de la iniciativa, muchos advirtieron que quizá se requerirían años para que el sistema rindiera frutos y una voluntad política inquebrantable para llevarlo a cabo.

En el último censo carcelario públicamente disponible, de noviembre, había casi 202 mil presos en el sistema penitenciario, una cifra 14 por ciento menor que en la época en que las reformas fueron implementadas en su totalidad. Y en el 2019, México registró más de 34 mil 500 homicidios, la cifra anual más alta desde la década de los 90.

El año pasado estuvo marcado por varios fracasos de alto perfil en la seguridad pública, incluyendo el colapso del caso contra La Unión Tepito, el grupo delictivo de la Ciudad de México que fue el blanco de la redada. Fue otro ejemplo de lo que muchos expertos jurídicos describen como la lucha de los fiscales y la policía por presentar casos que puedan enjuiciarse exitosamente en el nuevo sistema.

López Obrador y otros funcionarios apenas pudieron contener su frustración con la decisión del juez en el caso, dictada en octubre. El presidente reconoció que algunos funcionarios necesitaban más entrenamiento. Pero también dijo que una práctica entre jueces deshonestos ha sido utilizar errores en los documentos de un caso “como excusa” para liberar a los acusados.

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Las iniciativas propuestas aumentarían el uso de la prisión preventiva, eliminarían al juez de debido proceso y abandonarían las normas que prohíben de manera automática el uso de pruebas obtenidas por medios ilegales, dijeron los expertos.

Alejandra Ramos, jueza en el estado norteño de Chihuahua, dijo que las iniciativas propuestas equivalían a “un retorno a la barbarie”. Ella explicó la lógica del Gobierno: “Como no tengo la capacidad para investigar ni encontrar evidencia, necesito nuevos mecanismos para juzgar y condenar sin pruebas”.

Los funcionarios de la Administración de López Obrador han tratado de distanciarse de las propuestas.

En una conferencia de prensa reciente, López Obrador dijo: “No se va a retroceder en nada. Es libertad y democracia, real y auténtica”.

Paulina Villegas contribuyó con reportes a este artículo.