PANAMÁ
En varios de estos expedientes se sospecha que los presuntos responsables serían familiares cercanos de las víctimas, lo que ha encendido las alarmas.
Los casos han generado inquietud entre docentes, padres de familia y organizaciones comunitarias. Foto. Ilustrativa
La preocupación crece en la provincia de Veraguas tras conocerse que entre 13 y 15 casos de embarazos en niñas y adolescentes en edad escolar están siendo investigados por las autoridades competentes.
En varios de estos expedientes se sospecha que los presuntos responsables serían familiares cercanos de las víctimas, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad educativa.
Frente a esta delicada situación, el Ministerio de Educación (Meduca), a través de la Dirección Regional de Veraguas, informó que cada vez que un centro educativo detecta o tiene conocimiento de un posible caso de abuso sexual o embarazo en adolescentes menores de edad, se activan de inmediato los protocolos establecidos por la legislación vigente, dando parte a las instituciones encargadas de la protección de la niñez y de la investigación penal de los hechos.
La directora regional de Educación en Veraguas, María Pimentel, calificó estos hechos como "deplorables", al señalar que todo acto que atente contra la integridad de una niña representa una grave violación a sus derechos fundamentales.
"Todo hecho que atenta contra la niñez es considerado como un acto deplorable, máxime cuando se cometen delitos de abuso sexual que marcan la vida de las víctimas para siempre", expresó la funcionaria.
Pimentel explicó que, además de cumplir con la obligación de reportar estos casos a las autoridades correspondientes, el Meduca vela porque las estudiantes embarazadas no sean excluidas del sistema educativo, en estricto cumplimiento de las normas legales que garantizan su derecho a continuar sus estudios.
La directora regional indicó que los planteles educativos brindan el acompañamiento correspondiente dentro de sus competencias, mientras las investigaciones avanzan por parte de las entidades responsables de determinar las circunstancias de cada caso y establecer las responsabilidades penales.
Los casos han generado inquietud entre docentes, padres de familia y organizaciones comunitarias, debido a que involucran a menores de edad y existen indicios que apuntan a posibles situaciones de abuso sexual intrafamiliar.
Ante esta coyuntura, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad física, emocional o sexual de niños, niñas y adolescentes, enfatizando que la protección de la niñez requiere la participación conjunta de las familias, las escuelas y las instituciones del Estado.
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