Migrantes reparan los daños causados por huracanes en EE.UU.

CALLAWAY, Florida — Cientos de ellos llegaron el año pasado después de que el Huracán Michael arrasó por el mango de Florida, con vientos de 250 kilómetros por hora que partieron árboles a la mitad, torcieron postes de acero, arrancaron techos y trastocaron vidas. Sin electricidad, agua potable o alojamiento seguro, una fuerza laboral de respuesta rápida se puso a trabajar retirando los escombros.

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En los meses siguientes, los trabajadores —casi todos ellos de Centroamérica, México y Venezuela— se afanaron por todo el Condado de Bay para reabrir el Palacio Municipal de Panama City, reparar el campus local de la Universidad Estatal de Florida y arreglar techos dañados de iglesias. En poblados como Callaway, que vio el 90 por ciento de sus viviendas dañadas por la tormenta categoría 5 de octubre del año pasado, continúan los trabajos.

El incremento en la frecuencia y la severidad de los desastres han dado lugar a una nueva fuerza laboral de recuperación y reconstrucción.

Y está compuesta abrumadoramente de inmigrantes.

Al igual que los trabajadores agrícolas de antaño que seguían los cultivos, los trabajadores de huracanes se mudan de un desastre a otro. Llegaron a Nueva Orleans tras el Huracán Katrina; a Houston luego del Harvey; a Carolina del Norte después de Florence; a Florida luego de Irma y Michael. Y a medida que Estados Unidos enfrenta un clima más extremo causado por el cambio climático, la suya es una industria en crecimiento.

Muchos de los trabajadores de huracanes son inmigrantes indocumentados que cruzaron de manera ilegal la frontera suroeste. Otros son buscadores de asilo, que huyen de la persecución en sus patrias, o turistas que se suponía que permanecerían en el país sólo unos meses. Muchos dijeron que vinieron porque sabían que abundaba el trabajo y se prometía buena paga.

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Pero desde que llegaron al Condado de Bay durante las caóticas semanas posteriores al Huracán Michael, muchos de los trabajadores inmigrantes han sido explotados por patrones que no siempre les pagan lo que les deben, o por arrendadores que cobran rentas exorbitantes por sus alojamientos temporales. En este rincón relativamente conservador del país, algunos han sido detenidos por ayudantes del sheriff y transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“A veces, trabajamos y trabajamos, confiamos en la gente y luego no nos pagan”, dijo Will, un inmigrante hondureño de 44 años que ha trabajado en huracanes sucesivos desde el Katrina en el 2005. Al igual que otros, pidió ser identificado sólo por su nombre de pila.

En septiembre, inmigrantes que limpiaron dos resorts en los Cayos de Florida luego del Huracán Irma del 2017 entablaron una demanda en un tribunal federal de Miami contra una compañía de restauración de desastres llamada Cotton Holdings y contra Daniel Paz, el dueño de una empresa de personal, alegando que no les pagaron el salario mínimo ni tiempo extra durante las horas trabajadas. Habían retirado escombros, árboles derribados y tablarroca deteriorada, señalaba la querella.

Bellaliz González, una demandante venezolana que ingresó a EU con una visa de turista, dijo que su jefe amenazó con entregarla a ella y a otros trabajadores a autoridades migratorias cuando se quejaron de que sus cheques habían rebotado.

“Me sentí impotente”, dijo González, de 53 años, quien estima que le deben 2 mil dólares y ya ha solicitado el asilo.

En el Condado de Bay, un organismo sin fines de lucro llamado Resilience Force se ha reunido con trabajadores inmigrantes, tratando de organizarlos y cabildear para mejorar las condiciones.

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“Desde Katrina tenemos una nueva fuerza laboral”, dijo el líder del organismo, Saket Soni, a un grupo numeroso en una reunión reciente. “Ustedes son esa fuerza laboral, que reconstruye una ciudad tras otra”.

En un condado donde 7 de cada 10 electores apoyó al presidente Donald J. Trump en el 2016, ha habido poca oposición política a estos trabajadores.

“Hemos tenido muchos trabajadores de habla hispana. Digo, ‘gracias a Dios por ellos’”, expresó Pamn Henderson, alcaldesa de Callaway.

Will, el trabajador hondureño, dijo que él y tres compañeros inmigrantes pagaban 250 dólares cada uno por compartir un tejabán.

Will parecía más avergonzado por el deplorable estado de su morada que por el hecho de que estaba pagando demasiado por vivir en una vivienda que merece ser derribada.

Aun así, con los ingresos por su trabajo en huracanes a través de los años, dijo, “construí una casa para mi familia en Honduras”.