Cigarrillos electrónicos como alternativa para el consumidor

Posterior a la promulgación de la Ley 315 de junio de 2022, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores y otros similares, con o sin nicotina; el Estado panameño implementó una campaña de concientización sobre lo tóxico y nocivo que son estos dispositivos. Lo anterior, posiblemente impulsados por el aparente fracaso de la restricción ya que para pocos es un secreto que la ley no tuvo el efecto disuasivo esperado y que aún hoy, gran cantidad de personas, principalmente jóvenes, continúan usando los vaporizadores como si no fuese ilegal.

Empero, no busco centrar esta reflexión en la poca efectividad de la medida, sino en el equivocado abordaje de la campaña mediática, desde una perspectiva de política pública.

Al respecto, dicha campaña busca informar a la población que los insumos tóxicos que tiene el vapor de los cigarrillos electrónicos conllevan graves consecuencias para la salud. Sin embargo, la campaña parte de una premisa incompleta, ya que analiza los efectos de los cigarrillos electrónicos de forma aislada, excluyendo de la conversación a los cigarrillos habituales o por combustión, produciendo un escenario equivocado e irreal, donde la alternativa a los cigarrillos electrónicos es la abstinencia y no, como ocurre en la mayoría de los casos, el consumo de cigarrillos habituales.

Es decir, el Estado panameño centra su narrativa en la peligrosidad de los cigarrillos electrónicos, sin percatarse que se ha comprobado científicamente que la alternativa que está legalmente permitida y disponible para el público es más nociva para el consumo humano.

Y sí, en efecto los cigarrillos electrónicos son perjudiciales para la salud, sin embargo, el aerosol que se produce por el calentamiento del aceite en los cigarrillos electrónicos, es sustancialmente menos complejo y tóxico que el humo de los cigarrillos habituales. Por ello, al implementar una política pública restrictiva y unilateral, se ignora y desprotege a aquellas personas que, con deseos o no de dejar de fumar, quieren suplantar el uso del cigarrillo por una alternativa menos tóxica y perjudicial para su salud.

En ese sentido, al ver diversos estudios científicos y de fuentes oficiales como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, nos percatamos que usualmente los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos se han reportado cuando estos son alterados o utilizados con aceites o ingredientes inadecuados. Por ejemplo, cuando los aceites contienen acetato de vitamina E, un aditivo que al ser inhalado interfiere con la función pulmonar.

Por ello, concluimos reflexionando que una política pública no puede ser excluyente. Comprendemos que el Estado quiere evitar que personas no fumadoras, niños y otros grupos de riesgo sean expuestos al uso de cigarrillos electrónicos, sin embargo, al prohibir totalmente el acceso a este producto, desconoce que un sector importante de la población fuma y los cigarrillos electrónicos pueden ser una alternativa viable para que ellos puedan mejorar su calidad de vida, ya sea consumiendo un producto menos tóxico o emprendiendo el camino para la abstinencia. La autora es abogada y  miembro de la Fundación Libertad.

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