Colombia, nación multiétnica

Desde la sanción de la Constitución de 1991, Colombia reconoce su carácter de nación cultural y étnicamente diversa. En realidad, ello no debería generar sorpresa. Colombia cuenta con la segunda población negra más populosa de América Latina. Sólo Brasil la supera, donde los afrodescendientes constituyen prácticamente la mitad de los habitantes.
Como mínimo, los afrocolombianos llegan al 26 por ciento del total poblacional. Ese cuadro social se integra con otras 80 étnias indígenas, distribuídas a lo largo del territorio y que según estimaciones, alcanzan unas 800,000 personas (2 por ciento de la población).
Consagrar en el texto constitucional la diversidad étnica del país representa un avance importante, ya que contribuye a "visibilizar" los grupos minoritarios que han sido históricamente excluídos o marginados. Sin embargo, más importante aún resultan las consecuencias políticas y jurídicas derivadas del reconocimiento. Al proclamar esa diversidad, se establece un claro principio orientador al cual deberán ajustarse las políticas públicas del Estado.
En América Latina y el Caribe, los grupos étnicos están todavía muy lejos de acceder en forma equitativa a los distintos espacios sociales, económicos, educativos y de representación política. Colombia no es ajena a esa realidad: mientras 45 por ciento de su población vive en condición de pobreza, los niveles más extremos de indigencia se registran en las regiones con alta concentración de afrodescendientes e indígenas.
El 80 por ciento de los afrocolombianos no satisface sus necesidades básicas, casi el doble del índice vigente para la población general. Esta situación social emerge también en los indicadores de salud: en la costa del Pacífico colombiano (mayoritaria presencia de población negra) la mortandad infantil es cuatro veces más alta que el promedio nacional. Por otra parte, el panorama educativo es desalentador: 43 por ciento de los afrocolombianos de las zonas rurales son analfabetos, comparados con 23 por ciento del resto de los habitantes rurales. Las mismas autoridades educativas reconocen que los contenidos curriculares utilizados en la educación de los afrodescendientes están dominados por patrones de la cultura mestiza y blanca o europea, en desmedro del aporte cultural negro.
222A la disparidad en el acceso social se suman las barreras impuestas por el prejuicio racial y el "estigma" que acompaña tanto a los afrocolombianos como a los indígenas.
A la disparidad en el acceso social se suman las barreras impuestas por el prejuicio racial y el "estigma" que acompaña tanto a los afrocolombianos como a los indígenas. En su informe sobre Colombia (2002), la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que "las minorías étnicas siguen padeciendo las consecuencias de la discriminación racial y la intolerancia." El informe enfatizó el efecto negativo combinado de la escasa representación política étnica, la pobreza extrema y la marginación. Esta situación se completa con el enorme impacto que el conflicto armado tiene en las mismas comunidades negras e indígenas. Por su extensión y magnitud, la violencia política en Colombia golpea a todos los estamentos sociales y económicos. Sin embargo, Naciones Unidas refiere a los afrocolombianos y los indígenas (conjuntamente con los pobladores rurales) como "víctimas primarias" del fenómeno.
Los desplazamientos forzados obligan a un posterior asentamiento en los cordones periféricos (más carenciados) de las principales ciudades. Una vez en la ciudad, los desplazados sufren el desempleo, la carencia de servicios y el desarraigo.
Con el tiempo, experimentan un doble estigma: discriminación por su condición de integrantes de minorías y de desplazados. A pesar de la gravedad del cuadro social, esta verdadera emergencia no logra capturar la atención de la opinión pública o de las mismas autoridades.
El esfuerzo inclusivo de la moderna constitución colombiana debe ser valorado. Como tal, señala un punto de partida desde donde debe dispararse el accionar reparador del Estado. El reconocimiento de las étnias de Colombia exige su continuación a través de políticas públicas apropiadas, elaboradas con la activa participación de las minorías cuya plena integración se procura alcanzar.