Comentario ingenuo

Muchas personas, sobre todo las que se encuentran vinculadas a los distintos partidos políticos, probablemente consideren este análisis como exagerado, generalizado e injusto. La generalización que hace la opinión pública con respecto a la clase política es consecuencia de años de frustración ante la actitud de los políticos que se dedican a generar beneficios para sí mismos en lugar de velar por el bien común de la población. Por tal motivo, algunos políticos que no lo merecen, son catalogados como corruptos por mantenerse al margen de las atrocidades en que incurren sus colegas; de encubrir sus actos en lugar de enfrentarlos, independientemente de que esos actos emanen de sus opositores o sus copartidarios.
Por otro lado, la frustración que siente el pueblo panameño producto de la eterna corrupción que existe en el ámbito político, ha generado un efecto negativo ya que, nos hemos conformado de manera errónea con adaptarnos a la corrupción. Y es que, actualmente, es común escuchar a nuestros ciudadanos expresarse con frases tales como “en el gobierno anterior robaban, pero por lo menos no eran tan descarados” o “todos los gobiernos roban, pero no tanto” o “una cosa es que roben, pero ni siquiera lo hacen bien”.
Lo anterior es más decepcionante si tomamos en consideración que al momento de escoger a los distintos políticos que tienen la responsabilidad de velar por el bien común, nos hemos resignado a escoger al aspirante que consideramos como “menos malo”, aferrándonos a la esperanza de que la persona que escojamos no nos cause tantos perjuicios como su contrincante.
Esa es nuestra realidad en el ámbito nacional, y ahora más que nunca, tenemos la obligación de ejercer presión sobre nuestras instituciones gubernamentales a fin de obtener un mejoramiento en el ámbito político nacional. Del mismo modo, es la oportunidad para nuestros líderes políticos de hacer lo correcto y cambiar la percepción tan negativa que tenemos de ellos.
Durante las últimas 8 semanas el pueblo panameño ha sido testigo del comportamiento desinteresado de la clase política con respecto a la opinión pública. Estas personas se han dedicado a justificar y defender su comportamiento alegando maniobras políticas por parte de sus opositores.
Es muy sencillo esconderse detrás de la frase "persecución política". Sin embargo, las personas que no formamos parte de la clase política, consideramos esa frase como un simple pretexto, un argumento por medio del cual pretenden esconder las verdaderas razones que los motivan a calificarse de víctimas frente a los medios de comunicación. ¿Qué están escondiendo? ¿A quién están protegiendo?
Ni siquiera nos están dando la oportunidad de formular nuestras propias opiniones. El pueblo panameño, y no ustedes, es el que tiene que emitir una opinión en base a la actuación del Ministerio Público en lo que se refiere a la manera en que se llevaron a cabo las respectivas investigaciones.
Una investigación no implica culpabilidad automática para los que son objeto de ésta. En este caso en particular, es el mecanismo por medio del cual se pretende confirmar la veracidad de lo hechos que motivaron la actuación del Ministerio Público. Los sucesos vinculados a la aprobación del CEMIS y de los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia no son simples acusaciones sin fundamento. Hay mérito suficiente para que esos actos sean investigados.
Es cierto que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, es imposible probar lo contrario si las personas que, debido a su participación en los actos objeto de investigación, y que conocen con más detalle la veracidad de lo sucedido, insisten en obstaculizar las investigaciones pertinentes a encontrar la verdad de lo ocurrido. ¿Es cierto que legisladores, particulares, y funcionarios públicos de alta jerarquía participaron en actos de corrupción? Eso es lo que se pretende averiguar, y por tal motivo, iniciar una investigación a todas las personas que de una forma u otra estuvieron involucrados en los sucesos antes descritos, no es razón para provocar una negativa rotunda por parte de las personas objeto de la misma.
La aprobación de ambos actos por parte de los miembros de la Asamblea Legislativa, cuya aprobación fue requerida y estuvo apoyada por el Ejecutivo, estuvieron viciados desde su inicio, es decir, desde el momento en que ambos proyectos comenzaron a promoverse de manera activa.
Por tal motivo, es imprescindible investigar los movimientos de las personas involucradas en esos proyectos durante ese periodo de tiempo. Este proceso no se trata de una simple maniobra política. Los eventos de los últimos meses son reales y representan algo verdaderamente vergonzoso para la República de Panamá.
Es más sencillo para la clase política abstenerse a solucionar los problemas de corrupción que afrontamos, y evitarse los perjuicios que puedan causarles el resultado de una investigación de esta índole.
Nuestros políticos están desperdiciando una gran oportunidad para reivindicarse ante el pueblo panameño. Una clase política digna del respeto de sus electores no dudaría en hacer lo correcto; no cuestionaría el inicio de las respectivas investigaciones; serían colaboradores activos en las mismas con el fin de obtener un resultado satisfactorio. En este caso, una resolución efectiva de nuestros problemas de corrupción le ofrece a la clase política la posibilidad de eliminar a los políticos que constantemente participan en actos de corrupción, y de limpiar la imagen de la que actualmente gozan los políticos panameños ante la opinión pública y la comunidad internacional.
(juanboyd@abs-law.com)