Cómo la oligarquía y el diario La Prensa hundieron a la seguridad social

En un reciente artículo publicado por el abogado Rodrigo Noriega en el diario La Prensa bajo el título "Cómo Salvar las jubilaciones del Seguro Social", él mismo recomienda como parte de la solución del problema "decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad". En el artículo, desgraciadamente, falta una parte fundamental de la verdad.

El origen de los problemas del sistema solidario de pensiones, conocido como el subsistema exclusivo de beneficio definido, se encuentra en el contenido de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, la cual determinó que a partir del 2008 todo nuevo cotizante debería ser inscrito en el llamado sistema mixto, que es un modelo básicamente de cuentas individuales. Esta, además, separó los fondos de los dos subsistemas, rompiendo la cadena de solidaridad intergeneracional que sostenía financieramente al sistema solidario de pensiones. El resultado ha sido condenar a muerte al modelo solidario de pensiones.

La falsa solución ideada por la oligarquía financiera, aprobada por el gobierno de Martín Torrijos y propagandizada por el diario La Prensa, no impacta solo a los actuales asegurados, que el autor del artículo calcula en 300 mil personas, sino también a quienes estarían por pensionarse en el subsistema solidario. En total se trataría de cerca de 816 mil trabajadores y sus familias perjudicados por la Ley 51.

Otra verdad que resulta necesario recordarle al autor del artículo bajo análisis, es que en el 2005 se les advirtió a los creadores de la Ley 51 que no era conveniente romper la cadena de solidaridad, ya que proceder en esa dirección generaba inmediatamente una pregunta: ¿quién sería el responsable de pagar las pensiones a quienes quedaban en el modelo solidario? Se trataba del conocido costo de transición, el que por la época había sido calculado por Utoff y Bravo, en 145.0% del producto interno bruto. Como era de esperarse ni la oligarquía financiera, ni el gobierno de turno, ni el diario La Prensa, hicieron eco de esta situación. Para éstos lo único importante fue introducir las cuentas individuales, por lo que no estaban dispuestos a reconocer el alto costo social de sus pretensiones.

Si se tiene en cuenta todo esto afirmar, como se hace en el artículo bajo análisis, que "todos somos culpables de la crisis" resulta, por decir lo menos, más que extraño, a nuestro juicio, poco apegado a la verdad histórica.

A lo anterior se debe agregar que, si bien es cierto, como enfatiza el autor del artículo, se trata de encontrar la verdad, entonces también es cierto que la misma se debe buscar confrontando los diversos puntos de vistas y su referencia a los hechos. Lastimosamente, este principio no aparece claramente desarrollado en el trabajo.

El autor simplemente toma como cierto, sin ningún análisis crítico, los resultados del ejercicio de la Junta Técnica Actuarial (JTA) y la OIT, los cuales cuentan con claras fallas.

Por ejemplo, la JTA nunca mostró los supuestos que utilizó sobre el crecimiento económico en su proyección, mientras que la OIT usó el dudoso criterio de la función de producción y la llamada contabilidad del crecimiento.

El autor debió, por ejemplo, antes de afirmar que la vuelta a la solidaridad es "la peor solución", confrontar la posición del Consejo General de la Universidad de Panamá, que propone medidas financieras específicas para lograr esto con la de la empresa consultora privada que el utilizó para llegar a sus conclusiones, la cual incluye, entre otras, el alza de la edad de jubilación. Como lo ha dicho Gandhi, "si las cosas que son importantes llegan a ser omitidas, la verdad resulta oscurecida".

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