¿Consenso, unanimidad o veto?

Dejar que los partidos políticos se impongan sus propias reglas para el juego electoral, conlleva la existencia de valores y principios que ellos no cumplen todavía.

En efecto, casi ninguno está concebido ideológicamente y pocos estructurados democráticamente, por lo que parece antagónico ofrecerles medios democráticos, para que puedan llegar a administrar en amplia libertad, una sociedad democrática.

Las conclusiones de la Comisión, requieren una apreciación global, porque el juego electoral influencia directamente la forma como se ejerce o se destruye una democracia naciente.

Si adoptamos el ejercicio electoral a través de partidos políticos y correctamente eliminamos la postulación libre, entonces debemos ser consecuentes con aquellos dirigentes natos, que estamos forzando a entrar en partidos políticos, para evitar que jueguen a llaneros solitarios y lesionen más la frágil cohesión de nuestra sociedad.

Si queremos una sociedad democrática, los partidos tienen forzosamente que ejercer la democracia internamente, de manera que sus puestos directivos y de elección popular sean accesibles a todos sus miembros, a través del voto de todos y no sólo de sus directivos.

Pero si vemos la forma patriarcal, autocrática, exclusiva y de facto en que algunos partidos fueron creados y son dirigidos, tenemos trabajo que hacer al respecto.

Haberlos sentados a discutir públicamente y alrededor de una sola mesa, para exigirles que a través del diálogo y discusiones con el Tribunal Electoral y parte de la Sociedad Civil, traten de establecer reglas claras, ha sido un logro mayor en sí mismo.

Ahora el juego electoral tiene reglas conocidas y sobretodo, existe la voluntad de respetarlas.

El intento por democratizarlos y hacerlos más transparentes dio sus resultados máximos a ese nivel, si nos damos cuenta que algunos de ellos están constituidos como empresas y se sienten nerviosos cuando se les pide abrir sus libros de contabilidad.

Utilizaron sus vetos para proteger sus existencias y es comprensible.

La Comisión cumplió su propósito.

No tenemos en 100 años de República, una historia política que nos esté sirviendo de ejemplo, sino para no repetirla.

El logro de la Comisión ha sido producto de un impulso democrático que florece desde hace una década.

También es producto, aunque algunos no parecen entenderlo así, de haber establecido el ejercicio democrático-electoral, a través de partidos políticos organizados.

Este sistema, aún con sus defectos, nos ha evitado una atomización de la sociedad, como la tuvimos en décadas anteriores.

El Tribunal Electoral debe lanzar una campaña explicando los beneficios del sistema de partidos políticos sobre la postulación libre.

Porque el debate debe continuar dirigido a cómo corregir los defectos que todavía les quedan y no a destruirlos.

Si seguimos los planteamientos de la Sociedad Civil ante la Comisión, vemos que sí es posible imponer la democratización de cada partido, lo que resultará en la autocapacidad de cada partido de renovar sus dirigencias y eliminará, en gran medida, su control de manos de algunos monos gordos, que viven de ellos.

Esta tarea no es fácil, pero es posible y necesaria, para evitar que nuestro pueblo se deje llevar por cantos de sirenas que lanzan algunos dirigentes honestos y deshonestos, que se ven rechazados o que no pueden integrarse dentro de partidos políticos, y pretenden que por la vía de la participación directa e individual, se ejerza una mejor democracia.

Esta falacia debe ser rechazada con fuerza, porque atomizará la Asamblea Legislativa y sembrará la división y el individualismo de la sociedad panameña.

La Comisión hizo lo que pudo.

Ahora le toca a la Asamblea Legislativa abrir un debate a otro nivel superior y nacional para adoptar con visión y con estrategia, una legislación que profundice y garantice a largo plazo la forma como se ejercerán las reglas del juego electoral y por ende, la democracia en Panamá.

La Asamblea cuenta con el apoyo de los tres dignos magistrados del TE y la sociedad civil.

A ellos se les ofrece, hoy, la oportunidad de impregnar una nueva ley electoral, con principios y visión, porque son conocedores a fondo de las virtudes y defectos de nuestro juego electoral.

Es seguro que algunos de los partidos que participaron en la Comisión, no existirán dentro de una década.

Sin embargo vetan hoy la adopción de medidas que reforzarán nuestra democracia por varias décadas.

Es injusto permitirles vetar la adopción de estrategias y principios democráticos que toda la sociedad civil continúa haciendo para beneficio de todos los panameños.

La Asamblea Legislativa podrá saltar este escollo final y adoptar leyes duraderas, previendo que ciertas medidas, no aceptables por todos los partidos hoy, lo sean imperativamente para después de las próximas elecciones.

De esta manera, todos los partidos tendrán tiempo prudencial para cumplirlas y no podrán considerar que se adoptan contra sus intereses.

En nuestros tiempos, la democracia no se practica porque es más efectiva eliminando la pobreza, sino porque es el sistema más efectivo en permitirle al más simple ciudadano, el derecho de soñar y de tener la ilusión de que será tomado en cuenta y evitar así que adopte la violencia.

Siendo los partidos los únicos vehículos autorizados para ejercer nuestros derechos electorales, "democratisémoslos" entonces, por el bien de todo el país.

El consenso jamás ha sido lo mismo que unanimidad de opinión y mucho menos el derecho de vetar a toda una sociedad de casi 3 millones de panameños.