La situación de crisis que afronta el país amerita analizar cuidadosamente el tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

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Para ubicar el tema, resulta útil señalar que desde el punto de vista de la FAO esto implica analizar cuatro aspectos: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización.

La disponibilidad, que no implica distribución, la situación previa a la pandemia no mostraba una situación aguda.

Según la FAO, la disponibilidad promedio de oferta dietética energética para el trienio 2016 – 2018 fue de 126%.

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La oferta de proteína diaria por persona durante el mismo trienio en Panamá fue de 77.4 gramos, superando a Uruguay (75.9 gramos).

En el caso de las proteínas de origen animal las cifras para estos países fueron de 41 gramos y 38.7 gramos, respectivamente.

El problema aquí está en el alto nivel de importación de alimentos.

Esto se evidencia teniendo en cuenta que, de acuerdo con la FAO, en el trienio bajo análisis las importaciones de alimentos alcanzaron un valor equivalente al 130.0% de las exportaciones de mercancías.

De acuerdo con la Apex, Panamá gasta en alimentos cerca de $10.000 millones anuales.

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En relación con el acceso, ya antes de la crisis existían problemas, con la subnutrición del 10.0% de la población.

Por otra parte, hacia el 2018, 15.6% de la población de entre 0 y 17 años mostró problemas relacionados con un déficit vinculado a la alimentación variada.

Los problemas más graves se encontraron en las comarcas.

En estas condiciones, el Gobierno ha debido asegurar la suficiente alimentación de toda la población, no solo otorgando directamente alimentos, sino transfiriendo capacidad adquisitiva suficiente para los más vulnerables.

Desgraciadamente no lo está haciendo.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo de la canasta básica alimenticia para una familia de apenas 3.5 personas fue en noviembre de 2019 de $306.42 en los distritos de Panamá y San Miguelito, cifra 3.8 veces mayor que el bono de $80.00.

Lo que genera necesariamente graves problemas de acceso a la alimentación, con un agravamiento de carácter urbano.

Baste recordar que si la desocupación llega al 20.2% de la Población Económicamente Activa (PEA), esto afectará a cerca de 593,573 trabajadores, quienes carecerían de ingresos.

La segunda prioridad tuvo que haber sido la de evitar la pérdida de ingresos a partir de los puestos de trabajo.

Esto no solo en el caso de las empresas que deben seguir operando para apoyar el esfuerzo de la lucha contra el coronavirus.

También en el caso de las empresas con labores suspendidas.

El peso no debió recaer excesivamente sobre los trabajadores y el Estado, sino que las empresas más grandes, con mayor capacidad económica debieron poner parte del sacrificio.

Las políticas públicas laborales evitaron esta posibilidad.

En el caso de la estabilidad de la oferta, el problema también está con el alto nivel de importación de alimentos.

Enfrentarlo implica dos objetivos.

En primer lugar, el Gobierno deberá promover la cadena alimentaria que produce para el mercado interno, incluyendo la dotación de insumos importados (soberanía alimentaria).

Para el caso de los productos que no se puedan sustituir por producción local, hace falta alcanzar la capacidad de importación adecuada, golpeada hoy por el impacto de la pandemia sobre las exportaciones.

Las divisas generadas por el Canal (cumplidos sus compromisos), como las que se lograron con los nuevos créditos, deben jugar un importante papel.

Para el caso de la utilización adecuada se deberán mantener las condiciones sanitarias necesarias, entre las que se destaca el agua potable y el acceso a los servicios de salud y medicamentos.

Es fundamental la planificación de balances materiales y en valores dinámicos construidos para diversos escenarios, a fin de cumplir con la seguridad alimentaria.

Nuevamente se insiste en el Programa de Emergencia que todos seguimos esperando.

Economista