Cuando la calle deja de ser un destino

Hay decisiones de gobierno que pueden parecer administrativas cuando se anuncian, pero que tienen el potencial de transformar profundamente la realidad social. La creación de la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de 23 de julio de 2026, es una de ellas.

Su principal valor no radica únicamente en la conformación de una nueva instancia de coordinación, sino en el reconocimiento de una realidad que durante años ha sido difícil de abordar: ninguna persona llega a la calle por una sola causa y, por tanto, ninguna institución puede resolver por sí sola una situación tan compleja.

La vida en la calle suele ser la expresión visible de múltiples factores que se acumulan y entrecruzan: rupturas familiares, problemas de salud mental, adicciones, desempleo, discapacidad, envejecimiento, pérdida de vivienda, migración o ausencia de redes de apoyo. Detrás de cada persona en situación de calle existe una historia distinta, pero todas comparten una misma necesidad: una respuesta integral que vaya más allá de la atención de emergencia.

Precisamente por ello, el Decreto Ejecutivo No. 11 representa un cambio de paradigma. Coloca a la persona en el centro de la acción pública y establece un mecanismo permanente de articulación entre las instituciones con competencias en materia social, sanitaria, laboral, educativa, de protección, seguridad y gestión territorial.

Durante años, este fenómeno fue abordado principalmente desde perspectivas fragmentadas, asociadas a la asistencia ocasional, la gestión de espacios públicos o la respuesta a situaciones de urgencia. Sin desconocer el valioso trabajo realizado por iglesias, organizaciones sociales, fundaciones, municipios e instituciones públicas, la experiencia demuestra que ninguna intervención aislada es suficiente para romper el ciclo de exclusión que conduce a una persona a permanecer en la calle.

Entregar alimentos, facilitar un baño o brindar alojamiento temporal son acciones necesarias y humanamente indispensables. Sin embargo, por sí solas no resuelven las causas que originaron la situación. El verdadero desafío consiste en construir rutas de atención que permitan a las personas recuperar estabilidad, autonomía y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida.

Algunas requerirán atención médica o psicológica; otras necesitarán procesos de rehabilitación, acceso a programas de empleo, educación, reunificación familiar, protección social o servicios especializados. Cada caso exige respuestas diferenciadas, pero todas ellas requieren coordinación institucional.

Ese es, precisamente, el principal aporte de esta iniciativa impulsada por el Órgano Ejecutivo. La Comisión crea las condiciones para que las instituciones actúen de manera complementaria y organizada, evitando la dispersión de esfuerzos y construyendo una respuesta común frente a una problemática que trasciende las competencias individuales de cualquier entidad pública.

Además de promover acciones inmediatas de atención y protección, la Comisión tiene la responsabilidad de generar información y evidencia que permitan comprender mejor la dimensión del fenómeno en Panamá. La formulación de políticas públicas efectivas exige datos confiables, diagnósticos adecuados y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar resultados y corregir estrategias cuando sea necesario.

La meta no debe limitarse a atender personas durante operativos o jornadas puntuales. El verdadero éxito de una política pública en esta materia debe medirse por su capacidad para ampliar oportunidades de inclusión social y reducir las condiciones que perpetúan la vida en la calle.

Existe también una dimensión ética que no puede perderse de vista. Una persona no deja de ser titular de derechos por carecer de vivienda. Tampoco pierde su dignidad ni su condición de ciudadano por encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad. Una sociedad democrática se fortalece cuando es capaz de responder a estos desafíos desde la solidaridad, la corresponsabilidad y el respeto a la dignidad humana.

El Estado tiene la obligación de garantizar el orden y la convivencia en los espacios públicos, pero también el deber de proteger a quienes enfrentan condiciones de exclusión. Ambos objetivos no son incompatibles. Por el contrario, se fortalecen cuando las políticas públicas colocan a la persona en el centro de la respuesta institucional.

La creación de esta Comisión constituye, por tanto, un paso importante hacia la construcción de una política pública integral, articulada y con enfoque de derechos. Una política que reconoce que la situación de calle es un fenómeno multidimensional y que, por esa misma razón, exige la participación coordinada de múltiples instituciones, trabajando bajo una visión común.

El desafío apenas comienza. Será necesario coordinar esfuerzos, asignar recursos, generar información, medir resultados y sostener las acciones en el tiempo. El primer paso ya ha sido dado: reconocer que detrás de cada persona que vive en la calle hay una historia humana que merece ser atendida con dignidad, compromiso y oportunidades reales de inclusión.

La calle puede ser el lugar donde alguien terminó. La responsabilidad de una política social moderna es ayudarle a que ese no sea el lugar donde tenga que quedarse.