Derecho a información

Además de alargar las penas de prisión para los delitos contra la administración pública y la administración de justicia e introducir nuevos delitos (como el de uso indebido de información por servidores públicos), la mencionada ley desarrolla el derecho constitucional de hacer peticiones respetuosas a los servidores públicos (artículo 41 de la Constitución Nacional). La nueva legislación declara que todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente acerca de las actividades que desarrollan las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado.
De particular importancia es la obligación que la ley le impone a los servidores públicos de brindar protección y apoyo a los periodistas y medios de comunicación social. La ley expresamente establece que incurrirá en infracción de los deberes de servidor público el que obstaculice, retarde o niegue sin motivos el acceso de la ciudadanía en general y de los medios de comunicación en particular a los documentos que reposen en la dependencia de su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de la ley. Cualquier negativa de suministrar la información debe estar basada en una norma constitucional o legal, o cuando exista norma especial que atribuya la facultad de informa a un funcionario de superior jerarquía. Finalmente puede haber una sanción contra el servidor público que incumpla esta obligación.
Pero como en este país los políticos no han comprendido el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la información, esas normas están acompañadas de fraseología que, sin duda, dará cabida para tergiversación y abuso. En particular, la ley establece que los periodistas "deberán ejercer sus funciones con la mayor responsabilidad, respetando los derechos fundamentales, el debido proceso, la honra y el buen nombre de las personas involucradas."
Pero aún con esas palabras, la nueva legislación representa un avance en la dirección correcta en materia de disponibilidad de información. Queda por ver si los servidores públicos la acatarán y si las autoridades sancionarán a los que no lo hagan.