Educación, la lección olvidada

Entre las múltiples promesas de campaña del actual presidente de la República destacan aquellas referidas a la educación contenidas en el "Plan de Gobierno de la Alianza el Pueblo Primero 2014 - 2019", las que deberían, de acuerdo con este documento, asegurar la existencia de "un sistema educativo de excelencia". Así mismo, en su "Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019" se afirma que "la inversión en la educación es clave para asegurar que el capital humano tenga las capacidades y habilidades para contribuir al desarrollo económico del país". Más aún, en un acto solemne, el ingeniero Varela también firmó el "Acta de Aliados por la niñez y la adolescencia" del 18 de febrero de 2014, que fue promovida por el Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia). En la misma, los firmantes se comprometían a "aumentar el gasto público en educación". ¿Se habrán cumplido con todas estas promesas?

Dada la complejidad de la educación, que constituye un tipo de actividad en la que todos los factores del proceso, ya sean humanos o materiales, deben de estar disponibles al unísono en calidad y cantidad suficientes para asegurar el éxito en los resultados, resulta útil establecer si la dotación de dichos recursos ha sido suficiente y oportuna. La legislación panameña sobre la educación, con el fin de asegurar dicha suficiencia, establece que los gobiernos están obligados a asignar un presupuesto para la educación que no sea menor del 6.0% del producto interno bruto (PIB). Solo luego de una larga lucha de los educadores panameños, el Gobierno se vio obligado a aceptar esta regla legal, aun cuando solo lo hizo de manera formal y no real.

Concretamente, durante el 2014, en el que el actual gobierno solo administró la cosa pública a partir del 1 de julio, el gasto público total en educación apenas alcanzó a 3.2% del PIB. En el 2015 este indicador avanzó muy poco, colocándose en 3.3%, hecho que se repitió en el 2016, cuando el mismo mostró un nivel de 3.4%. Vale la pena agregar que todos estos porcentajes son inferiores al observado en el 2012 (3.5%).

Aun cuando no se cuenta con cifras oficiales detalladas del gasto, es posible afirmar que en el 2017 tampoco se cumplió con la norma legal, ya que si tomamos como punto de referencia el presupuesto modificado destinado a la educación para ese año, el mismo alcanza aproximadamente el 3.3% del PIB. A esto se debe agregar que una parte de dicho presupuesto no logró ejecutarse. Así, por ejemplo, el Ministerio de Educación no logró ejecutar cerca del 15.0% de su presupuesto de inversiones.

Las expectativas para el 2018 tampoco son favorables. En efecto, si se tiene en cuenta el presupuesto de educación para este año y se lo compara con el nivel del PIB pronosticado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el mismo, resulta ser que el primero agregado solo alcanza a 4.0% del segundo. Para cumplir con la ley el Gobierno tendría que asignar a la educación $1,264.2 millones adicionales a lo que efectivamente ha presupuestado. Las promesas gubernamentales, entonces, solo han sido una lección olvidada.

Economista