El deber ser del control fiscal en el uso de los recursos públicos

Para la inmensa mayoría de la gente está clara la necesidad de tener un buen sistema de control fiscal, dado que es el pilar fundamental de la transparencia y del uso correcto de los recursos del Estado. Nadie, en sano juicio, objeta estas funciones fundamentales que debe cumplir todo el sector público. 

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Sin embargo, en la práctica las cosas no siempre resultan de la manera más lógica y objetiva cuando se contrastan los resultados de cada ejercicio fiscal en las distintas entidades gubernamentales, con los mecanismos de control fiscal y de ejecución presupuestaria.

Presupuestos ejecutados parcialmente, traslados arbitrarios de partidas, recortes inesperados, vigencias expiradas o criterios absurdos respecto a evaluar las licitaciones y contrataciones, bajo la égida autocrática de dos entidades que a todas luces, en la mayoría de los casos, resultan ser más un escollo para el buen desempeño administrativo y del control y uso correcto de los recursos presupuestarios.

Me refiero a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas, sin que con ello se descarten las falencias administrativas propias de las distintas entidades estatales, que no dan visos de poder algún día superarse.

Pero en este caso solo me quiero centrar en la Contraloría General de la República, una entidad que tiene sus oficinas de fiscalización en todo el aparato gubernamental y que a mi juicio por la experiencia de haber laborado en cuatro entidades públicas diferentes, he visto de cerca cómo el accionar de estas oficinas en muchos casos se ha convertido en un verdadero obstáculo para el desarrollo y ejecución del presupuesto y, sobre todo, de proyectos, consultorías y servicios externos en general, haciendo su ejecución muchas veces imposible o frenar de manera indiscriminada su desarrollo sin que importen las consecuencias que eso pueda tener para terceros implicados y los daños económicos causados, sin que se asuma alguna responsabilidad al respecto.

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Si bien el control previo tiene entre algunos de sus objetivos subsanar o prevenir posibles faltas o hallazgos en auditorias futuras, su propósito no debe ser el de frenar el desarrollo de proyectos y la ejecución correcta del presupuesto y por el contrario debe servir como un instrumento orientador de la administración pública en dicha función.  No obstante, cuando esta función no es clara o bien normada o al menos su aplicación e interpretación no son las correctas de parte del fiscalizador, se termina por perjudicar a muchos.

Solo por citar un caso conocido y con las reservas correspondientes, respecto de un diplomado en políticas públicas para el desarrollo sostenible en el marco de la agenda mundial 2030, desarrollado por la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, y en que había un convenio con el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y una carta de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); pese a que todos los docentes implicados impartieron sus materias, entregaron sus notas y sus informes, en adición a firmar posteriormente sus contratos, se les ha mantenido congelados sus pagos por cinco meses hasta ahora y aún no hay visos claros de que esto se resuelva.

¿Por qué? Porque la oficina de control fiscal justo al momento en que el convenio había recién culminado no aceptó que se hiciera una extensión al mismo y poder solventar los trámites pendientes.

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Por consiguiente, todos los trámites se detuvieron al exigir que dicho convenio se haga desde cero nuevamente, con lo cual se perderán posiblemente 6 ó 7 meses adicionales a los cinco ya perdidos desde el final del diplomado, es decir, que se perdería un año para volver a comenzar los trámites en el mejor de los casos.

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Ante esta situación, la administración ha optado por una vía paralela a la planteada por la oficina de control fiscal y hacerlo por medio de la organización docente a ver si no se corre el riesgo de que esos pagos a los docentes queden en vigencia expirada. 

Es así como desde hace muchos años se terminó de destruir la autogestión tan necesaria para nuestra primera casa de estudios y en que la misma apenas subsiste con los recursos mínimos para poder sostener los programas de postgrado y maestrías, afectando seriamente la calidad de estos.

Las herramientas del control fiscal deben ser rediseñadas y ello hace considerar la necesidad de desaparecer una entidad que además de autocrática ha sido históricamente manipulada por los hilos de poder y de la politiquería. 

Es indispensable evolucionar hacia un nuevo modelo de gestión, control fiscal y auditoría social, en el que, a todas luces, la Contraloría General de la República no debe existir.  Debemos luchar todos por el cambio.

Profesor titular de la Facultad de Economía.