El más mínimo de los salarios mínimos

El 31 de diciembre reciente pasado, mientras la población se preparaba para recibir el nuevo año, altos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral anunciaban la decisión del actual gobierno de otorgar el aumento de salario mínimo más bajo de la historia reciente del país.

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De acuerdo con los mismos, se trata de un incremento que, dependiendo del sector económico y el área geográfica, representaba un aumento de entre el 1% y el 8% por ciento, con un promedio del 3.3% sobre los niveles actuales.

Se trata de una medida la cual no tiene mayor sostén ni en sus propios términos, como en lo que sería el interés de cumplir con la Constitución y el llamado proceso de reactivación económica.

En primer lugar, el promedio de 3.3% parece haber surgido de un extraño razonamiento matemático, calculando de manera simplista el punto medio entre 1% y 8%, o, alternativamente, el promedio simple sin ponderar y sin referirse a las medidas de dispersión.

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Esto representa una forma errónea de presentar la situación, ocultando el real impacto sobre los trabajadores que recibirán incrementos inferiores al 3.3%, tal como es el caso de los que laboran en hoteles y restaurantes (1.1%), en la educación (1.0%), en las empresas manufactureras grandes de la región 1 (2.1%) y en la construcción (3.1%), entre otros.

Es interesante, además, destacar que el Gobierno decidió elevar el salario mínimo tomando como referencia el crecimiento económico del 2019, el que en términos reales ronda por el 3.5%.

Sin embargo, lo lógico, dado que este va a regir hacia adelante, el mismo debería, por lo menos, tener en cuenta el crecimiento esperado para los próximos años.

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Sector Público no Financiero, el Presupuesto de 2020 se realizó bajo el criterio que el PIB real crecería en el 2020 en 5.2%, mientras que el corriente lo haría en 6.2%.

Esta cifra parece haber sido revisada por el ministro de Economía y Finanzas, reduciendo el mismo a un nivel de entre 4.0% y 4.5% en términos reales y de 5.0% y 5.5% en términos nominales.

Todas estas cifras, obviamente, superan el 3.3%.

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Más allá de todo esto, estamos frente a una política económica, que mantiene la mala distribución del ingreso y dificulta la reactivación.

Es evidente que el nuevo nivel de salario mínimo, que de acuerdo con el aumento conferido llegaría $ 744.79 mensuales, cubriría, según nuestros cálculos, apenas el 60.0% del costo de la canasta básica completa de una familia normal de nuestro país.

Por otra parte, es claro que el manejo hecho por el Gobierno sobre los salarios seguirá reduciendo la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB, la cual entre 1996 y el 2018 se redujo de 37.6% a tan solo 25.7%.

Por otra parte, el argumento de que se debe moderar el crecimiento de los salarios mínimos dado los bajos crecimientos de la productividad, resulta falaz.

De acuerdo con datos de la Cepal, mientras que la productividad creció entre el 2000 y el 2016 en 67.6%, el salario medio real solo lo hizo en 19.7%.

La lógica económica, por su parte, señala que en medio de una desaceleración hace falta elevar la demanda efectiva, la que en Panamá depende directamente del consumo privado (51.3% del PIB).

En este sentido una redistribución del ingreso hacia los asalariados, sobre todo los peor pagados, elevaría el consumo, la demanda efectiva y la actividad económica (Kalecki, Kaldor, Passineti, Robinson, entre otros).

A final de cuentas, se puede inferir que el Gobierno solo actuó para complacer a los sectores económicamente dominantes, perjudicando a los trabajadores y al propio proceso de reactivación económica.

Economista