El Ministerio de Economía y Finanzas contra el sistema solidario de pensiones

Siguiendo el guion metodológico impuesto en el Diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS) por el sector empresarial y el gobierno de turno, el que, desgraciadamente, fue aceptado por los supuestos sectores sociales que aún se mantienen en el mismo, le correspondió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacer un diagnóstico sobre las finanzas públicas y sus implicaciones para el Programa de IVM (PIVM). Como era de esperarse, se trató de un informe sesgado, lleno de sofismas, destinado a apoyar las propuestas paramétricas y privatizadoras de los sectores económicamente dominantes.

Para comenzar, se puede observar que en el informe bajo análisis se afirma que el Estado se endeudó en el 2020 en $11,000.0 millones, de los cuales $6,367.0 se destinaron a gasto de personal, subsidio e inversiones.

Obviamente no se hace referencia a los $4,622,0 restantes, los cuales se utilizaron principalmente para apoyar al capital financiero local, no a la población más necesitada. Obviamente, también se omitió cualquier referencia a los sobrecostos y la corrupción.

Resulta prácticamente ridículo que el informe del MEF plantee como un apoyo importante a la Caja de Seguro Social (CSS) en el 2021 un supuesto subsidio de $25.0 millones que el gobierno entregará a la CSS para el Programa de Enfermedad y Maternidad. Esto queda claro si se tiene en cuenta que el gasto total de este programa durante el presente año alcanza a $1,552.8 millones.

A esto se debe agregar que, pese a la responsabilidad constitucional que tiene el Estado de asegurar la salud, la CSS tiene la carga de atender al 85.0% de la población, en condiciones en que los beneficiarios representan el 50.7% de los asegurados.

No menos engañosa es la afirmación que realiza el MEF en su informe cuando plantea que el 24.0% de los ingresos que recibe la CSS provienen de fondos públicos. Se trata de un planteamiento que precisa de varias observaciones.

El Sector Público No Financiero (SPNF), de acuerdo con la encuesta de hogares del 2019, ocupó al 25.1% del total de empleados asalariados del país, cuyo salario medio superó en 24.2% al observado para el conjunto del país. Siendo el gobierno un empleador, el mismo está obligado por Ley, como cualquier otro empleador, a entregar las cuotas a la CSS, por lo que no extraña que el 24.0% de los ingresos de la misma provengan de entidades públicas. Más aún, por lo menos la parte de las cuotas que formalmente ponen los trabajadores son en realidad pagadas por los mismos, no por el gobierno.

Por otra parte, en el informe se afirmó que el actual gobierno canceló la deuda por moratoria de cuotas que el mismo mantenía con la CSS. Lo que no se aclaró es que el pago se realizó por medio de la emisión de bonos pagaderos a futuro. Simplemente se pateó la lata hacia adelante.

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Más aún, no se aclaró que, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la CSS, el gobierno está obligado a financiar el Programa de Administración, con el 0.8% de los sueldos de los asalariados y bases de cotización de voluntarios. Esto representaría cerca de $118.3 millones que no van directamente al pago de pensiones.

Finalmente es claro que el MEF, omitió develar las causas de la debilidad estructural de las finanzas públicas: la evasión fiscal (8.3% del PIB), la corrupción (3% - 4% del PIB); el uso perverso de los fondos aportados al gobierno central por la ACP (2.7% del PIB), y un sistema fiscal impositivo diseñado para beneficiar a los perceptores de altos ingresos (Panamá es el país con la segunda más baja carga tributaria en América Latina).

A fin de cuentas, se trata de un informe altamente segado, que, proviniendo de la más alta autoridad del país en materia económica, simplemente muestra el compromiso de la misma con los intereses internos y externos que se han propuesto destruir definitivamente cualquier vestigio de solidaridad en nuestro sistema de pensiones. Esto debe denunciarse públicamente.

Economista.