Realidad
La radical política de apertura y desprotección del agro panameño ha tenido profundos efectos negativos sobre nuestra balanza comercial. Esto ha venido a demostrar el error de los neoliberales que la diseñaron...
La baja productividad de este sector se refleja en el hecho de que en el 2019 el mismo utilizó el 13.2% de la población ocupada para generar apenas el 2.2% del PIB. Foto: Cortesía Mida.
Hace ya mucho tiempo los estructuralistas latinoamericanos, como lo fueron Raúl Prebisch y Aníbal Pinto, así como varios macroeconomistas progresistas, entre los que se destaca Michael Kalecki, llamaron la atención sobre las graves consecuencias que tendría para el desarrollo el retraso de la estructura agraria. Entre los efectos producidos por esta situación señalaron la presión sobre la inflación y el balance comercial.
Entre el 2003 y el 2019, la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo desde 6.9% hasta apenas 2.2%. Frente a esta situación, algunos argumentan que simplemente se trata de una Ley de la economía, que indica que este fenómeno es normal durante el proceso de desarrollo de los países.
Lo que no entienden quienes pretenden explicar los hechos de esa manera, es que esto, si se tratara de un efectivo desarrollo, significaría que el alto crecimiento de la productividad agropecuaria permitiría que un cada vez más reducido empleo en el sector agropecuario sería capaz de sostener un sector urbano ampliado, con una población creciente. Esto no ha ocurrido en Panamá.
Para comenzar, se debe señalar que, de acuerdo con las estadísticas recopiladas por el Banco Mundial, la productividad media del trabajo en el sector agropecuario se redujo en 13.7% entre el 2003 y el 2019. Adicionalmente se debe señalar que la baja productividad de este sector se refleja en el hecho de que en el 2019 el mismo utilizó el 13.2% de la población ocupada para generar apenas el 2.2% del PIB.
Una de las características que más claramente se pueden apreciar en la evolución de nuestro sistema agroalimentario es la caída sistemática del índice de producción de alimentos por personas. Esta realidad se puede evidenciar observando la evolución de la población y la producción total de alimentos.
Utilizando las estadísticas sobre el crecimiento de la población y del índice de producción de alimentos recopilado por el Banco Mundial, se puede concluir que en el largo período que va desde 1969 hasta el 2018, la producción de alimentos per cápita en nuestro país declinó en 35.7%. Esto, desde luego, afecta de manera muy significativa la posibilidad de contar con una seguridad alimentaria sostenida en la soberanía alimentaria.
La radical política de apertura y desprotección del agro panameño ha tenido profundos efectos negativos sobre nuestra balanza comercial. Esto ha venido a demostrar el error de los neoliberales que la diseñaron, quienes esperaban que el declive de la producción para el mercado interno fuera compensado por la exportación de nuevos productos no tradicionales.
Si bien es cierto que antes del 2007, hubo años en que el balance comercial agropecuario fue positivo, mientras que en otros fue negativo, lo cierto es que a partir del mismo este balance ha sido sistemáticamente negativo. Es así que, de acuerdo con cifras de la CEPAL, en el año 2018 se observó un balance comercial agropecuario negativo equivalente a $1,371.0 millones, producto de importaciones de $1,825.5 millones frente a exportaciones de apenas $454.5 millones.
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La magnitud del déficit comercial señalado se puede apreciar si se le compara con otros agregados económicos: el mismo representa el 45.7% de las divisas generadas por el Canal de Panamá por la exportación de servicios durante el 2018; así mismo, constituye una cifra impactante si se la compara con el balance comercial general de la economía en ese mismo año, el cual fue de $1,060.7.
Todo esto muestra el fracaso de las políticas neoliberales sobre el sector agropecuario, las que al hacer que el abastecimiento de alimentos sea extremadamente dependiente del exterior, constituyen un importante riesgo para la seguridad y la soberanía nacional. Revertir estas políticas es una prioridad inaplazable.
Economista.
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