Entre la serenidad y el pánico

Gobernar no es cosa fácil. Toda persona a quien le caiga esa responsabilidad, y distinción, tiene que entender que cualquier decisión que tome puede afectar a todos los panameños, ya sea para bien o para mal.  Es por eso que una de las cualidades más importantes que debe tener todo gobernante es la serenidad; aquella que le permita actuar con cabeza fría, sin pánico, y con el suficiente equilibrio emocional para tomar la mejor decisión racional posible en todo momento. Lo contrario podría llevarlo a tomar decisiones irracionales, impulsivas o, peor aún, politiqueras; con las gravísimas consecuencias que pudieran tener para toda la población.  

Lo sucedido con los contratos leyes que regían las relaciones del Estado con Cobre Panamá y Panamá Ports Company respectivamente nos dan un claro ejemplo de cómo ante una situación similar, un presidente puede tomar decisiones distintas, cada una de estas con consecuencias muy diferentes.  Veamos.     

Con la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company por La Corte Suprema de Justicia, la decisión que anunció el Presidente Mulino fue que la concesionaria va a seguir operando los puertos mientras el gobierno decide qué viene después; ya sea una negociación, un nuevo contrato o licitación.  De esta forma, la operación portuaria no se detiene, evitando así una afectación enorme a los usuarios y a la reputación de nuestro hub logístico, salvaguardando miles de empleos y sin causar afectaciones a la economía, ni los ingresos del Estado.  

El Presidente Mulino actuó serenamente, con muchísima responsabilidad, y tomó la decisión correcta; preparándose de antemano a cualquier posible resultado. Además, la decisión tomada está dentro del marco legal del fallo ya que la declaración de inconstitucionalidad del contrato no implica el cierre inmediato de la operación portuaria.  

Luego de la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato ley que amparaba la operación de la Mina en Donoso la decisión del Presidente Cortizo fue totalmente diferente.  En vez de actuar serenamente, entró en pánico y se dejó llevar por la pasión, tomando la decisión política de cerrar la Mina ipso facto.  

De un plumazo, el Presidente Cortizo aniquiló la mayor inversión privada realizada en la historia del país ($ 10,000 Millones) que representaban el 5% del PIB y un 75% de las exportaciones, 7 mil empleos formales directos y otros 50 mil indirectos, llevando el desempleo a un 10.5% como consecuencia directa. Como si esto no fuera poco, se perdieron abruptamente de la economía unos $900 millones en compras anuales a proveedores, la disminución de $2,165 millones en financiamientos bancarios al sector productivo, producto del aumento de las tasas de interés debido a la pérdida del grado de inversión. 

Si el Presidente Cortizo hubiera actuado con la serenidad que lo hizo el Presidente Mulino no estaríamos sufriendo hoy la grave crisis de desempleo actual, ni se hubiera perdido el grado de inversión de Fitch. 

Así como Panamá Ports Company se mantendrá operando durante el período de transición, lo mismo debió ocurrir con Cobre Panamá bajo un esquema de transición supervisada por el Gobierno. Esto habría evitado la interrupción de exportaciones y el caos social que se vive por la pérdida de tantos empleos. Hoy resulta evidente que las decisiones políticas tomadas por el gobierno anterior en relación con la mina fueron un verdadero desastre.  

Con la decisión tomada con Panama Ports Company queda algo muy claro: un fallo de la Corte contra un contrato ley no cierra una operación de manera inmediata. El cierre de la operación minera de Cobre Panamá no fue una decisión jurídica, fue una decisión política, mejor dicho, politiquera, muy mal manejada por el gobierno anterior.