No se trata de un tema de poca monta; miles de pananeños sin recursos para acceder a sus medicinas por los precios muy elevados de estas.

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He visto a humildes panameños retirarse de farmacias privadas, retirarse cabizbajos por no tener el dinero para comprar la medicina que le recetó un facultativo.

Para rematar, el Seguro no lo tiene o no está en el cuadro básico de medicamentos de esa institución.

Esto también vale para las instituciones de salud pública.

Y ¿qué hace el Estado y el gobierno?

La salud en Panamá es un barco que hace aguas por todos lados.

La política de sellar huecos o ponerle parches al problema predomina, pero la tragedia humana continúa.

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Cuántos panameños esperan en el lecho de sus camas, impotentes que les llegue su hora de partir porque las medicinas que necesitan para curarse o aliviar sus males están lejos de su  alcance. 

O los que, sencillamente, dejan agravar sus patologías.

Lo anterior ha venido ocurriendo desde tiempo atrás y el problema existe y persiste.

Es una verdad de a puño, los medicamentos en el mercado, cuestan un ojo de la cara y no hay autoridad que frene la especulación salvaje.

Los medicamentos en nuestro país son la tapa del coco en la región.

Ahora, será cierto que, al respecto, ¿las autoridades tienen las manos amarradas y no pueden hacer nada?

Eso no es cierto.

La Constitución Nacional en su artículo 48 señala que la propiedad privada tiene un interés público y de función social.

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Hay otra norma en este cuerpo de normas supremas que señala que el Estado orientará las actividades económicas en función del desarrollo y el beneficio a las mayorías.

El Estado sí puede intervenir esa relación capital-inversión y tasa de retorno.

No es tan cierto, que los carteles farmacéuticos y sus aliados, que le sirven de agentes de distribución, tienen el derecho de hacer y no hacer con la salud humana.

Imaginemos los miles de millones que el Estado y sus instituciones han desembolsado en la compra de medicamentos con precios especulativos y concertados a priori.

Tanto la OMC, la OMS y las propias normativas que regulan a estos monopolios, dejan un compás para que por razones de apremio, el comprador pueda recurrir a laboratorios que producen genéricos; es decir, que no están protegidos por patentes.

Además, me confiaba un científico, que nada impide que los laboratorios de la Universidad de Panamá manufacturen importantes cantidades de medicamentos genéricos.

¿Por qué no se ha explorado esa opción?

Acaso la corrupción de por medio impide tomar acciones.

No veo en el horizonte solución a esta infernal realidad.

Jurista y Cientista Político.