Los intereses financieros, la educación y la seguridad social

El hecho que el nuevo año escolar haya coincidido con el creciente debate sobre el futuro de las pensiones por vejez, da lugar a la posibilidad de develar, de manera contundente, cómo los intereses de los sectores que dominan las finanzas del país dañan sistemáticamente a la educación y a la seguridad social.

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Este análisis, además, permitirá explicitar cómo los agentes de dicho sector operan intentar encubrir esta realidad.

En otro artículo ya hemos explicado las falacias que sobre la seguridad social difunde el grupo que se autodefine como "ciudadanos siempre preocupados", ahora se debe hacer lo mismo con respecto a sus afirmaciones sobre el financiamiento de la educación.

En el discurso ideológico de estos comentaristas, los mismos aseguran que cualquier propuesta de mantener la solidaridad en la seguridad social dañaría a la educación, restándole fondos indispensables para financiar la formación que requieren los jóvenes.

Se trata de un falso argumento, el cual pretende dar la errada impresión de que actualmente el país estaría invirtiendo lo suficiente en educación. Olvidan los "ciudadanos preocupados" que los gobiernos, todos ellos apoyados por donantes del sector financiero, nunca han cumplido con la Ley que obliga a destinar el 6.0% del PIB al presupuesto de la educación oficial (pública).

Es tan evidente esta situación que un escrito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha recomendado "aumentar el financiamiento educativo con un enfoque de equidad." Aparece, entonces, la necesidad de establecer el origen de este problema.

Este se encuentra, en primer lugar, en el sistema tributario panameño, cuya característica es que, en nuestro país, los que realmente pagan impuestos son las clases medias y los trabajadores, mientras que los altos niveles de ingreso gozan de una carga tributaria muy liviana. Es así como de acuerdo con el BID, Panamá es el país con la segunda más baja relación ingresos tributarios-PIB.

Esta situación explica la razón de que el gasto social público en Panamá sea extremadamente bajo, dejando insatisfechas las más importantes necesidades de la población, tales como la educación, la salud y la previsión social. De acuerdo con el BID, en Panamá el gasto social del Estado es inferior en tres puntos porcentuales al promedio de América Latina.

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Esta diferencia se hace muy clara si se tiene en cuenta que, utilizando datos de la CEPAL, se puede establecer que mientras que en Panamá durante el 2017 el Gobierno Central realizó un gasto social equivalente al 8.8% del PIB, en Uruguay este indicador alcanzó a 16.8%.

Sin embargo, existe un problema más grave que los "ciudadanos preocupados" no comentan. Se trata del problema del llamado incumplimiento fiscal, es decir de la evasión tributaria. Está, de acuerdo con las últimas cifras disponibles en Panamá, alcanza al 8.3% del PIB, básicamente por el incumplimiento en el ITBMS y del impuesto sobre la renta.

Si se tiene en cuenta que solo la evasión fiscal de las personas jurídicas (sector corporativo) es de aproximadamente el 5.3% del PIB, se puede concluir que la evasión fiscal es básicamente una responsabilidad del sector empresarial, cuyas propuestas defienden los "ciudadanos preocupados".

Si a la evasión fiscal le sumamos el costo de la corrupción (4.0% del PIB) y del mal uso de los recursos que la ACP entrega al Gobierno Central (2.7% del PIB), encontraríamos un total de recursos equivalentes al 15.0% del PIB. En base al PIB del 2019, esto representaría una suma de $10,081.7 millones.

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Es evidente, entonces, por qué en Panamá la educación es precaria, por qué la salud pública está en situación de colapso y por qué el gobierno junto a el sector empresarial se niegan a dar el necesario apoyo subsidiario al sistema público de pensiones.

Economista.