Irresponsabilidad social y financiera

Bajo el disfraz de una mejor forma de administrar las finanzas públicas, aparecen los intereses de la partidocracia y los sectores económicamente dominantes. Ningún candidato o precandidato a la presidencia ha dicho nada al respecto.

La presentación, debate y aprobación del Proyecto de Ley 693, el cual reforma la Ley de Responsabilidad Social Financiera y la que crea el Fondo de Ahorro de Panamá, muestra la naturaleza socialmente regresiva del actual Gobierno, su interés de seguir utilizando al Estado como palanca para la acumulación de riquezas en manos de los sectores económicamente dominantes, así como sus objetivos políticos – electorales.

Se trata de un enfoque compartido por los partidos de oposición, quienes pretenden hacer lo mismo si eventualmente llegan al poder.

El Proyecto de Ley 693, presentado a la Asamblea Nacional el 24 de septiembre de 2018, argumentando la necesidad de mejorar la forma de administrar las finanzas públicas, modifica la forma de calcular el déficit del Sector Público no Financiero.

Concretamente se elimina la actual forma de cálculo que permite eliminar del mismo la diferencia entre el 3.5% del PIB nominal y el porcentaje del mismo que representan los aportes efectivos de la Autoridad del Canal de Panamá al Fisco.

Se trata de una medida que si bien resulta adecuada, sirve para encubrir un conjunto de medidas que no lo son.

El contenido del Proyecto de Ley 693 eleva el déficit autorizado para el Gobierno hasta el 2.0% del PIB, con lo que reaparece la conocida dispensa fiscal, que le permitiría al actual Gobierno gastar cerca de $300.0 millones adicionales (algunos analistas piensan que se trata de 408.0 millones).

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Si bien la argumentación oficial es que estos fondos se utilizarán en inversiones públicas importantes, existen dudas razonables de que esto será así.

En primer lugar, por el bajo nivel de ejecución que tiene el Sector Público no Financiero en términos de las inversiones.

Hasta agosto de 2018 dicho nivel de ejecución alcanzó a 51.1%, lo que permite proyectar que dicho nivel podría llegar a fin de año a apenas 76.5%.

En segundo lugar, porque la Ley propuesta, que entre otras cosas tiene la bendición del Fondo Monetario Internacional, no tiene cláusula alguna que obligue al Gobierno a gastar el déficit adicional en determinados proyectos de inversión.

En tercer lugar, debido a que tampoco se presentó un plan destinado a recortar el gasto corriente superfluo (como son los viajes faraónicos del Ejecutivo).

Todo esto permite señalar que es lógico que tras de todo esto está el incremento del gasto con fines de clientelismo en un año preelectoral, el cual se extendería hacia la primera mitad del próximo año, donde se permitiría un déficit de 1.5 del PIB.

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Más allá de esto, en su artículo 8 el Proyecto de Ley 693, prácticamente se ordena “la venta de las acciones de las empresas mixtas propiedad del Estado”.

Se trata de profundizar el proceso de privatización, eliminando la única palanca existente que eventualmente podría utilizar el Estado para tener una inferencia real y efectiva sobre el sector energético y  la telefonía.

Nuevamente, bajo el disfraz de una mejor forma de administrar las finanzas públicas, aparecen los intereses de la partidocracia y los sectores económicamente dominantes.

Notemos que ningún candidato o precandidato a la presidencia ha dicho nada al respecto.

Economista.