La Corte minimiza mora judicial

En esta cuarta entrega de la serie sobre Administración de Justicia en Panamá, me voy a referir a los esfuerzos que hacen los funcionarios del Órgano Judicial para hacerle frente al exceso de trabajo y la congestión judicial. Y esto, me lleva a insistir en que la mora judicial es responsabilidad también del Ejecutivo y del Legislativo. Como reacción al artículo sobre la mora judicial en la Corte, me escribió una abogada a quien le tengo mucho aprecio porque fui su alumno de la Maestría de Derecho Ambiental en la Universidad de Panamá, y nos une la misma pasión por el tema ambiental. En sus observaciones me señaló que ya la historia de que los casos en la Sala Tercera duran cinco años o más está cambiando drásticamente. A decir verdad, es buena esta aclaración porque los abogados ya nos hemos acostumbrado a esta espera de cinco años y así se lo hacemos saber a los clientes.

Por lo que me dijo la colega, "la Sala Tercera se está poniendo al día con los expedientes atrasados y dentro de muy poco solo tendremos causas para resolver del año 2016; el esfuerzo ha sido titánico; muchos fines de semana y feriados tratando de satisfacer esta deuda que tiene la administración de justicia con quienes de buena fe acceden a ella. El esfuerzo de los magistrados de la Sala Tercera es impresionante, considerando que es la Sala a la que más causas se le asignan; que además de ver todos y cada uno de los diversos temas con que cuenta la Administración Pública, con sus diversas legislaciones, se ven los temas laborales, los temas correspondientes al Pleno y a las Garantías Fundamentales (Amparos, Habeas Data, Habeas Corpus, Advertencias etc.), casos penales de funcionarios de alto perfil y lecturas de Sala Penal".

Es evidente que el presupuesto de la Sala Tercera es muy poco, considerando todas las causas que se le asignan. Y precisamente mi crítica va en el sentido de que se requiere una Sala Quinta para que se dedique a resolver los temas sobre instituciones de garantía, con lo cual se reduciría considerablemente la congestión judicial en las salas Primera y Segunda. Por ello, es imperativo exigirle al Gobierno que invierta más en la administración de justicia.

Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado José Ayú Prado, presentó ante la Asamblea ocho proyectos de ley sobre transparencia en la administración pública, a fin de lograr que sean aprobados durante este periodo, de manera que los trámites en estos despachos sean más ágiles y mejore la administración de justicia. Según dio a conocer el magistrado Harry Díaz, lo que se busca es celeridad a la hora de resolver los casos, y por ello se han implementado una serie de normas internas en el pleno de la Corte, como para los magistrados del Tribunal Superior.

Parte de estos cambios consisten en establecer mecanismos de autocontrol, según los cuales se establece un tiempo en el que un expediente puede permanecer en un despacho, y si el encargado no lo firma en el tiempo acordado, se le retira y el expediente avanza.

Debo decir que aparte de la noticia del 25 de septiembre de 2015 en la que se informó de la entrega de los proyectos de ley a la Asamblea Nacional por parte del magistrado presidente de la Corte, no se ha sabido más nada sobre este tema. Y no es de extrañar que estos proyectos de ley estén engavetados, porque lo que menos le interesa a los diputados es la Administración de Justicia, a no ser que sea una ley para blindarse ellos. Continuará.

Presidente de la Fundación Guardianes del Ambiente.