Es público y notorio que muchas personas en este país han sido objeto de difamación, acoso o humillación en las redes sociales.

Hechos que quedan impune, gracias a la no existencia de normas legales que castiguen a las personas que utilizan estas herramientas de comunicación colectiva para tales fines.

En el año 2017, como presidente del Consejo Nacional de Periodismo solicité que el Ministerio Público, proponente de un proyecto de ley que buscaba regular las redes sociales y prevenir el cibercrimen en Panamá, consultara los detalles de los artículos con los organismos periodísticos para evitar que este proyecto ley atentara contra la libertad de expresión e información.

En ese momento también manifesté que las personas que utilizan las redes sociales para publicar información de lo que hacen en su vida personal o social y sobre su trabajo, las hace públicas; por lo tanto, cuando ocurre un hecho noticioso donde esa persona está involucrada, los medios de comunicación y periodistas pueden usar esa información para documentar cualquier noticia.

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Sin embargo, esta información debe ser tratada con responsabilidad y ética periodística, basándose estrictamente en el cumplimiento del artículo 37 de la Constitución de Panamá que "consagra la libertad de expresión, sea escrito o por cualquier otro medio sin censura previa, siempre y cuando se respete la reputación y la honra de las personas o seguridad social o el orden público, sino tendrá responsabilidades legales".

Por el contrario, en ese momento también dije que se debe ubicar y castigar a los individuos responsables que utilizan las redes sociales para desacreditar, desinformar o menospreciar la vida de otras personas.

A esto se suma, la total desmedida e insensatez del panameño común que promueve videos de muertos y heridos en accidentes o hechos delictivos, situación que afecta emocionalmente a los familiares de las víctimas o que puede causar efectos contradictorios en un caso judicial.

El proyecto de ley sobre la regulación de las redes sociales y la prevención del cibercrimen en Panamá, murió en la cuna.

Ahora bien, una cosa es castigar a las personas que están utilizando información privada de otra persona para cometer delitos cibernéticos y otra cosa es legislar para que se castigue a la persona que filma y promueve información de víctimas mortales o heridos en accidentes de tránsito.

La inmoralidad, la falta de cultura y valores que alimentan el morbo del panameño es cada día más reinante.

Cada día que pasa la población adquiere más libertinaje y desenfreno en las redes sociales.

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Ya no se mide el dolor y el sufrimiento del ser humano.

La inconsciencia impera en la mente de las personas sin reparo alguno sobre lo malo que se hace.

Una de las opiniones del Papa Francisco sobre las redes sociales es: "Quienes se ocupan del sector de la producción y difusión de contenidos de los nuevos medios, han de comprometerse a respetar la dignidad y el valor de la persona humana.

Si las nuevas tecnologías deben servir para el bien de los individuos y de la sociedad, quienes las usan deben evitar compartir palabras e imágenes degradantes para el ser humano, y excluir por tanto lo que alimenta el odio y la intolerancia, envilece la belleza y la intimidad de la sexualidad humana, o lo que explota a los débiles e indefensos".

Ya es tiempo que en Panamá nuestros diputados dejen a un lado el show político y se dediquen a crear leyes que frenen la inmoralidad, el irrespeto y la agresión a la dignidad del prójimo. Necesitamos leyes que cultiven los valores humanos y que castiguen a las personas que dañan la imagen y la honra de los demás en las redes sociales.

El libertinaje desenfrenado, nos está llevando a vivir en una sociedad llena de envidia, rencor y maldad.

El panameño se está malacostumbrando a vivir con actitudes de abuso de la libertad y no asume las consecuencias de sus propios actos.

Periodista.