Plantas de tratamiento de aguas servidas

Cada día son más frecuentes las protestas de comunidades en diferentes partes del país, que se quejan por el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas. El desbordamiento de las aguas servidas, además de ser repugnante y peligroso para los directamente afectados, produce malos olores y terminan contaminando las fuentes hídricas, con lo cual se afectan miles de personas.

El mal funcionamiento de estas plantas de tratamiento es un problema heredado de administraciones pasadas, lo que constituye un gran dolor de cabeza para la ANAM, en razón de las constantes denuncias que hacen los ciudadanos y las comunidades por el mal funcionamiento de las mismas. El MINSA es la autoridad que aprueba estas plantas y los tanques sépticos. En administraciones pasadas se incumplió con los debidos controles, y el resultado son las plantas de tratamiento inservibles de muchas comunidades. Al problema de las plantas mal diseñadas hay que agregar que, por disposición legal, después de cinco años estas deben pasar al IDAAN, quien de ahí en adelante es el responsable por el funcionamiento y mantenimiento de las mismas.

Cuando la ANAM investiga las denuncias ciudadanas por el desbordamiento de las aguas residuales, se encuentra con que las plantas pasaron al IDAAN, por lo cual no pueden hacer nada en contra de las promotoras, ya que la responsabilidad del mantenimiento es de la entidad.

El problema con estas plantas empieza cuando el MINSA las aprueba y no cumplen con la normativa ambiental. Y después el IDAAN las acepta, y desde ese momento los promotores se lavan las manos y culpan al IDAAN por no darles mantenimiento. Detrás de este problema también está el juegavivo de las promotoras, que al solicitarle al MINSA la aprobación de la planta, la diseñan con capacidad para un número determinado de casas. El problema es que continúan construyendo más, y para no gastar, se pegan de la misma planta, que termina colapsando al sobrepasar su capacidad de carga.

Las autoridades deben proceder penalmente contra estas promotoras, que con su actuar ponen en peligro la salud de la población, lo que constituye un delito que está tipificado en nuestro Código Penal vigente. También hay que aplicarles las sanciones administrativas y obligarlas a que respondan civilmente por los daños y perjuicios que le ocasionan a los que compran las casas buscando comodidad, y al final terminan viviendo un infierno cada vez que se desbordan las aguas residuales.

Coordinador del grupo Guardianes del Ambiente.