Policía de Menores
Publicado 2006/10/05 23:00:00
Con sus escasos recursos y unidades, la Policía de Menores está haciendo un buen trabajo, no ciertamente para prevenir la comisión de delitos, que no es función suya, como para detener, custodiar y poner a órdenes de los jueces de menores a los involucrados en posibles infracciones. Con su creación se procuró que el menor infractor recibiera un trato especializado desde el momento mismo de cometido el ilícito, en vez de que fuera la policía común la que lo hiciera. La idea fue protegerlo, en vez de reprimirlo. Esa fue la filosofía que prevaleció y aún prevalece, estemos de acuerdo o no.
Pero las circunstancias han cambiado. Los delitos en que están involucrados los menores están en aumento, no sólo en cantidad como en gravedad. El pandillerismo, las drogas y la relativa benevolencia del sistema ha hecho crisis en su cuna, proyectando una percepción de relativa impunidad. Al menor que viola y mata, no le esperan más de siete años de guarda, con derecho a salir a los tres años, por buena conducta. En su internamiento tiene, además, derecho a asistir a la escuela, ir cada semana a su casa y volver a hacer de las suyas.
Una de las causas que se esgrimen es que no se ha dotado lo necesario para que la ley 40 funcione, sin embargo ya hay fiscales, jueces, defensores, magistrados y centros especiales de cumplimiento supervisados, a más de una Policía de Menores colmada de trabajo.
Proponemos que mientras se discuten las posibles reformas a la ley 40, se aproveche la coyuntura para establecer que cualquier policía pueda intervenir en casos de menores, y no sólo la especializada. No puede ser que, mientras se gesta una desgracia, los agentes normales continúen cruzándose de brazos alegando que no puede intervenir. Hablamos de formar policías integrales, con entrenamiento para atender casos de adultos y menores, con discernimiento suficiente para diferenciar el trato.
Pero las circunstancias han cambiado. Los delitos en que están involucrados los menores están en aumento, no sólo en cantidad como en gravedad. El pandillerismo, las drogas y la relativa benevolencia del sistema ha hecho crisis en su cuna, proyectando una percepción de relativa impunidad. Al menor que viola y mata, no le esperan más de siete años de guarda, con derecho a salir a los tres años, por buena conducta. En su internamiento tiene, además, derecho a asistir a la escuela, ir cada semana a su casa y volver a hacer de las suyas.
Una de las causas que se esgrimen es que no se ha dotado lo necesario para que la ley 40 funcione, sin embargo ya hay fiscales, jueces, defensores, magistrados y centros especiales de cumplimiento supervisados, a más de una Policía de Menores colmada de trabajo.
Proponemos que mientras se discuten las posibles reformas a la ley 40, se aproveche la coyuntura para establecer que cualquier policía pueda intervenir en casos de menores, y no sólo la especializada. No puede ser que, mientras se gesta una desgracia, los agentes normales continúen cruzándose de brazos alegando que no puede intervenir. Hablamos de formar policías integrales, con entrenamiento para atender casos de adultos y menores, con discernimiento suficiente para diferenciar el trato.

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