Políticas de reducción de daños

Desde el momento en que nacemos, de una manera casi que involuntaria nos encontramos sujetos a un sistema de leyes que regularán hasta el día de nuestra muerte, la forma en que debemos comportarnos, trabajar, estudiar y hasta pensar en una sociedad determinada.

Muchos entienden que las normativas que regulan nuestro día a día tienen como fin último mantener la paz social y lograr que todos los individuos que forman parte de una sociedad puedan desenvolverse en ellas en condiciones de igualdad y de protección a sus derechos individuales.

El gran pensador francés Juan Jacobo Rousseau definió esta relación del individuo con las leyes como una especie de contrato social, donde en un sentido figurado, todos los individuos
aceptamos sacrificar un poco de nuestra libertad para aceptar un sistema de leyes, con el fin de vivir en sociedad en paz.

En esta búsqueda de convivencia social, muchas de estas leyes siguen una política de reducción de daños que pretenden, por lo menos en papel, alcanzar un bienestar colectivo y particular de
los individuos, especialmente en los casos de uso de drogas o de sustancias nocivas para la salud.

Evidentemente, el consumo de drogas representa un problema que pone en riesgo la salud individual y colectiva de una sociedad, ejemplo de lo anterior, es que según el Informe Mundial
sobre las Drogas del año 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se determinó que alrededor de 284 millones de personas de entre 15 y 64 años
consumieron drogas en todo el mundo en el año 2020, lo que supone un aumento del 26% respecto a la década anterior.

Pero, ¿qué es una política de reducción de daños y cómo podemos identificarla? El autor Tim Rhodes define el concepto reducción de daños como el conjunto de políticas,
programas e intervenciones destinados a minimizar las consecuencias adversas que el consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales que tienen algún impacto sobre la salud del
individuo o a la sociedad.

Algunos claros ejemplos de estas normas de reducción de daños en Panamá, son la Ley 13 de 24 de enero de 2008 que adopta medidas para el control del tabaco y sus efectos nocivos de la
salud o la Ley 315 del 30 de junio de 2022 que prohíbe el uso, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos y similares en Panamá.

Sin embargo, es importante aclarar que estas normas de reducción de daños no son iguales en todos los países, ya que en algunos se sigue una dirección más prohibicionista y en otros se
tiene un enfoque mucho más prevencionista.

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En el primer caso, se sigue una política de prohibición total del consumo de estas sustancias, llegando en algunos casos, hasta la criminalización del consumo y posesión de estas drogas;
algo que en la actualidad ha sido identificado como una política ineficiente, ya que la criminalización, más que ayudar a la reducción del consumo de drogas en la sociedad, aleja al
individuo que consume al acceso a un sistema integral de salud que lo ayude a tratar su adicción.

Mientras que dentro del enfoque prevencionista, las normas de reducción de daños tienen un fin mucho más informativo sobre las consecuencias negativas del uso de estas sustancias y más
que prohibir al público su consumo, buscan prevenir en primer lugar, que el individuo llegue a consumirla o por lo menos que lo haga de una manera más consciente de los perjuicios que
estas puedan tener en su salud, y a su vez, que el individuo cuente con las herramientas a su alcance que lo ayuden a tratar de una manera efectiva su adicción.

Es decir, las normas modernas de reducción de daños, no persiguen una simple legalización de drogas, sino, establecer una política integral que acerque al consumidor a un sistema accesible
que le permita tratar su adicción sin estigmatizar su consumo.

Es hora de que en Panamá pasemos del enfoque prohibicionista y nos abramos paso hacia una política de reducción de daños más integral que respete la libertad de los ciudadanos y que a su
vez le ofrezca herramientas de prevención en vez de castigo.