Prácticas que limitan la libre competencia

Según la teoría económica, el desarrollo de un libre mercado permite que las empresas compitan en base a su eficiencia y productividad, y de esta manera, los consumidores puedan satisfacer sus expectativas, en cuanto a recibir bienes y servicios de calidad aceptable a precios accesibles.

Pero existen algunas prácticas restrictivas que pueden limitar o distorsionar la acción entre los agentes económicos para competir libremente, lo que provoca un perjuicio directo a los consumidores, tales como, abuso de la posición de monopolio, acuerdos para distribuirse el mercado, y la concertación injustificada de precios, entre otras prácticas, que producen cierto escepticismo hacia este sistema económico.

Otras de las situaciones que pueden perjudicar el ejercicio del comercio y la industria, son los actos desleales que al ser cometidos van contrarios a los principios de lealtad y buena fe mercantil, cuyas acciones civiles son competencia de los tribunales de justicia. Entre estos actos, se destacan aquellos destinados a crear confusión en los consumidores sobre la procedencia de un producto; los casos de engaño que conducen a información falsa, incorrecta, o incompleta sobre las características, uso y ventajas de un servicio o producto, y en los que se difunden información para que el consumidor pierda credibilidad en un determinado producto o servicio.

No hay duda que existen muchas formas de prácticas y actos de competencia desleal. Estos buscan afectar a los competidores para ganar consumidores y obtener mayores beneficios. De allí, la existencia de las agencias gubernamentales de la competencia en muchos países, cuya función principal es la de prevenir que se den estas irregularidades.

Hay quienes argumentan que los procedimientos de protección al consumidor no son necesarios, porque el libre mercado puede regularse y controlarse por sí solo, y que los gobiernos no deben intervenir ni promover la competencia. Sin embargo, la realidad muestra, que frecuentemente la aspiración a una perfecta economía y mercado ejemplar, está lejos de concretizarse.

Para garantizar que la competencia funcione en beneficio de los consumidores, existe en la República, la Ley 45 de 2007 "que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otras medidas", la cual establece una serie de disposiciones a fin de proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, para preservar el interés superior del consumidor.

De esta manera, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) está llamada a cumplir con esta legislación, de proteger y asegurar el proceso de libre competencia para garantizar los beneficios del consumidor final.