Preguntas sobre la Fundación Mar del Sur

Mientras el Ministro de Salud, exige una auditoría exhaustiva sobre el manejo de los recursos otorgados al Santo Tomás y al Hospital del Niño, ya no como ministro sino como presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación Mar del Sur, Gracia hace todo lo posible para que los fondos de dicha fundación, los cuales provienen de donaciones de gobiernos extranjeros, no sean fiscalizados por nadie.

Con motivo de mi último recurso de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia en abril pasado, requiriendo información sobre el monto y destino de las donaciones multimillonarias recibidas por la Fundación Mar del Sur, me informan se ordenó la destrucción de la documentación contable de la entidad, triturando sus cheques, para que nadie pudiera rastrear lo ocurrido con sus fondos.

Sin embargo, el momento en que viven las entidades de salud pública, ante la escasez de sus recursos, nos obliga a traer al tapete a esta entidad que ha recibido donaciones de Taiwan por más de 40 millones de dólares y quizás de Corea del Sur y otros países, ante la falta de transparencia en su manejo, a pesar de reiteradas notas del Contralor General indicando que dicha fundación debe ser fiscalizada por el Estado, por el simple hecho de recibir donaciones de gobiernos extranjeros.

El Decreto Ejecutivo No.

135 de 18 de octubre de 2001, que regula lo concerniente a los fondos que reciban las fundaciones de interés público que constituya el Estado, indica que para dar seguridad a los donantes del buen manejo que se le darán a sus donaciones, éstas serán consideradas públicas para los efectos de la fiscalización.

El Contralor Weeden (Nota 352-Leg.

de 24 de enero/2003), ordenó al coordinador de Proyectos de la Fundación, Carlos Ramírez (esposo de la Directora Administrativa de la Presidencia, Xiomara Sánchez de Ramírez), que la mencionada fundación debe estar fiscalizada por la Contraloría, criterio reiterado por Weeden (Nota 263-Leg.

de 22 de enero/2004).

Sin embargo, hube de presentar nuevo hábeas data porque Ramírez sigue negándose a dar la información requerida, argumentando que son una fundación de interés privado y no de interés público, a pesar de que la Junta de Síndicos, además del Ministro, la integran el viceministro Alexis Pinzón, el secretario general, el asesor económico del Ministerio; el ex asesor presidencial Alvaro Antadillas, el director del Oncológico, Juan Barés, y Amelia Rodríguez, asesora del Ministerio.

Según informes que dispongo, ésta última, así como el viceministro Pinzón, desde hace meses no acuden a las reuniones de la fundación por estar en desacuerdo con su manejo.

En la Fundación hay mucha tensión con las personas que allí laboran, ya que todas le han dado aviso que dejarán de trabajar el 30 de junio.

Hasta al coordinador le han puesto límites en los cheques a firmar.

Desde hace semanas al personal técnico de la entidad no participa en las reuniones de directiva y las aprobaciones sobre asuntos técnicos las hace un personal ajeno a la fundación.

Se ha hecho una addenda al contrato del Hospital José Domingo de Obaldía en David por B/.

1.

3 millones para movimiento de tierra, en el cual los técnicos de la fundación, el inspector de la obra y el coordinador no están de acuerdo.

Dicho hospital, aunque no esté terminado, y en donde todo indica se ha pagado más de lo construido, pretenden inaugurarlo antes de agosto para después proceder a disolver la fundación, supongo para que no quede rastro alguno sobre ella en el nuevo gobierno, al igual que esperan gastar antes de septiembre, los B/.

10 millones que aún permanecen como fondos de la fundación.

Todo indica que el José Domingo de Obaldía correrá la misma suerte que el Santo Tomás.

Lo inaugurarán con muchos fuegos artificiales, y a los pocos días se le acabarán sus insumos y la gente comenzará a protestar, porque lo importante era el corte de cinta y la fiesta y no la operatividad del nosocomio.

¿Qué tal si el gobierno de Mireya Moscoso, tal como se dijo tantas veces, no hubiera sido uno para favorecer a los más pobres? Y, ¿qué tal que no hubiera sido ella quien promulgara en febrero de 2002 la Ley sobre Transparencia en la gestión pública?