¿Protección o Seguridad Social? Parte 2

José González Rivera, cirujano Subespecialista.

La ley 51 de 2005 fue un parche infructuoso de soluciones transitorias que nuevamente nos tiene en una crisis social. El planteamiento original de la seguridad de la seguridad social era garantizar mínimos de bienestar social en los países que no consiguieron consolidar sistemas de protección social caracterizados por la intensidad de sus prestaciones y la universalidad en su cobertura.

La unificación en salud para la protección social en salud sería un universalismo básico que requeriría una reforma fiscal y no mediante el uso exclusivo de la cuota obrero-patronal, ya que causaría una gran indignación de los trabajadores formales. Cabe resaltar que el programa de enfermedad y maternidad funciona con socialización del riesgo y, muchos se preguntan ¿por qué no se puede socializar el programa IVM de la misma manera?

Actualmente estamos gestionando el rescate de la deuda pública con austeridad y no sería prudente implementar políticas sociales sin el consenso de los actores que financiarían los mismos.

La crisis se agravó y adelantó como consecuencia del estancamiento del crecimiento del empleo formal, la caída del salario medio real y el programa 120 a los 65 que incentivaban a la informalidad. Los economistas suponen que los mercados no tocan o contaminan los bienes que regulan. Pero esto no es cierto.

Los mercados dejan su impronta en las normas sociales. Con frecuencia los incentivos mercantiles desplazan los incentivos no mercantiles. La ciencia económica enseña que la gente responde a incentivos y desde 2009 hay abundancia de incentivo para no pagar la cuota obrero-patronal.

Los servicios públicos de salud no han logrado proteger a la totalidad de la población debido a las insuficiencias en su infraestructura, organización y financiamiento que los actuales asesores quieren alcanzar con las cuotas obrero-patronal. Para poder alcanzar una cobertura universal y para poder hacer frente a los costos crecientes de la transición epidemiológica panameña sería necesario un esfuerzo fiscal sin precedentes o alcanzar una universalidad de trabajo formal.

La cobertura universal de salud debe ser acompañada de la trasparencia del pago adecuado de la tecnología sanitaria que usan los pacientes del régimen informal al programa de enfermedad y maternidad del seguro social.

Es evidente que los mecanismos de protección social considerados por los asesores deberán ampliarse para poder contribuir efectivamente a que la falta de acceso a la seguridad social y a los servicios de salud dejen de ser carencias sociales que contribuyan a los altos niveles de pobreza y desigualdad. El problema es la financiación de un bien que no puede medirse tan fácil.

La protección social en salud y a las pensiones es importante para el fortalecimiento del sistema público y es bueno iniciar homologando adecuadamente las prestaciones y crear esquemas de coordinación adecuada, subrogación y complementariedad que garantice la adecuada protección integral ante las enfermedades crónico-degenerativas de todos los panameños.