Reforestación con incentivos fiscales

En estos momentos cuando hay mucho desempleo en los campos, zonas rurales y el dinero poco les llega allí, una de las formas de estimular el desarrollo del mercado es promover cambios estructurales en algunas leyes panameñas.

Una de estas leyes que requiere ser revisada y reactivada nuevamente es la derogada Ley 24, de noviembre de 1992, que trajo mucho empleo y movimiento económico en los campos. Según el documento “Modelo Forestal Sostenible” de la ANAM de febrero 2009, la Ley 24 (de incentivos fiscales a la reforestación) contribuyó a que la actividad de reforestación generara unos 606,580 puestos en el campo, la mayoría de ellos temporales.

Según el documento, entre 1993 y 2007 la inversión realizada en plantaciones forestales alcanzó 313.7 millones de balboas, de los cuales 100 millones fueron aportados por el programa de incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante la deducción de impuestos a las empresas reforestadoras y 213.7 millones por inversionistas privados.

Esa ley fue modificada, supuestamente, para evitar abusos en los incentivos fiscales; lo cual podría considerarse como un error, ya que al estimular a los empresarios privados, las riquezas que generaban se quedaban dentro del país y el país no perdía. Este cambio en esta Ley 24 le hizo gran daño a las comunidades campesinas que ahora tienen altos índices de desempleo.

En áreas rurales las personas necesitan con urgencia, no salarios para comprar televisores plasmas, ni el último celular que tiene todos los colores; sino pequeños ingresos diarios con carácter permanente.

Una persona del área rural que obtenía más de B/ 8.00 diarios e ingresos de más de B/ 200.00 mensuales, y en especial si trabajaban por contrato en proyectos de reforestación (que desaparecieron) resolvían sus necesidades básicas de agua (acueducto rural), luz, salud, alimentos y vivienda.

En reforestaciones privadas en El Llano, Las Margaritas de Chepo, Madroño, Llano Cartí, Las Margaritas, Wuacuco, El Tirado, Higueronal, Cañazas y otros, grupos de personas sin mayores estudios y trabajando con grandes empresas de reforestación y en comparación con otras actividades rurales (vaqueros, etc.) mejoraron notablemente su nivel de vida y en muchos casos compraron lotes para construir sus casas, satisfaciendo sus necesidades básicas.

Existen grandes reforestaciones estatales administradas por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y que han representado aumentos de ingresos y mejoramiento de niveles de vida a campesinos que se les ha dado la oportunidad de aprovecharlos por medio de cooperativas.

Con urgencia debemos revisar nuevamente la Ley 24; que incluía grandes beneficios como exoneración de impuestos sobre la renta, inmueble e importación, visa de inmigrante al inversionista extranjero, préstamos preferenciales y certificado de abono tributario.

Las comunidades rurales de Panamá, necesitan urgentemente leyes que promuevan la empleomanía y la solución de sus necesidades básicas entre ellas revisión y reactivación de las leyes de Incentivo a la Reforestación /Ley 24 de 23 de noviembre de 1992.