He venido advirtiendo que la Concertación Nacional para el Desarrollo no tenía facultad legal para entrar a elaborar propuesta de un acto de reformas constitucionales.

Rebasó el marco de su competencia cuyo objetivos y funciones están literalmente consagradas en la ley 20 que creó ese organismo de carácter público -privado.

Ni el gobierno anterior y tampoco el actual, se ocuparon de darle sustento normativo, como sí lo hizo el gobierno anterior cuando conformó la Comisión de Notables para que trabajara en una propuesta de reformas constitucionales.

Y para agravar lo anterior, el Consejo de Gabinete, que constitucionalmente tiene iniciativa para elaborar y presentar a la Asamblea, un proyecto de cambios constitucionales, no lo hace.

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Se sobreentiende de la norma de la Carta Magna, que la propuesta debió salir de ese organismo, previa creación y discusión en un Consejo de Gabinete.

Eso no se dio.

Simple y sencillamente recibieron el documento de marras de la Concertación; una vez recepcionado este fue enviado a la Asamblea.

En concreto, el Consejo de Gabinete hizo suyo lo que ilegalmente le presentó la Concertación Nacional.

El espíritu de la norma que señala que el Consejo de Gabinete tiene facultad para elevar una propuesta de su autoría en materia de reformas a la Constitución vigente fue ignorado de tal suerte que, el documento salido de la Concertación, ni siquiera sufrió el trámite de elaboración y discusión en su seno.

La Asamblea debió advertirle al Ejecutivo que lo que se le envió, está viciado por un problema de ilegalidad e igual, contrariando la norma que sugiere que esa materia auténticamente debió ser incubada en la matriz del Gabinete.

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Este organismo redujo su iniciativa para estos menesteres a un mero agente de recibo y trámite a la Asamblea.

En síntesis, la Asamblea se ha embarcado en un proceso de consulta que adolece de ilegitimidad jurídica, desde su origen.

Jurista y cientista político.