Regulación y contratación pública

Existen distintas formas de intervención pública en la actividad económica y desde la óptica de la promoción de la competencia y los principios de regulación económica eficiente, las autoridades de competencia las evalúan y realizan recomendaciones de mejora.

El objetivo es que los poderes públicos garanticen y protejan el principio de libertad de empresa y favorezcan en sus actuaciones un entorno competitivo para el desarrollo de la actividad económica, misma que redunda en el bienestar de los consumidores finales, que somos todos.
 
A raíz de la pandemia causada por la COVID-19, se hace más frecuente que los poderes públicos intervengan en la economía, pudiendo introducir restricciones u obstáculos innecesarios a la competencia efectiva en los mercados.

De ahí el papel esencial que juegan las autoridades de competencia, para que a través de su función consultiva de promoción de la competencia (advocacy), orienten al sector público, con el fin de evitar o minimizar el impacto de la actuación pública en las condiciones de competencia y en el correcto funcionamiento de los mercados; y corroborar que la regulación haya sido por razones imperativas de interés público, por situaciones en que se advierta la existencia de restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, o el inicio de una conducta monopolística generalizada.
 
En Panamá, la Autoridad Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), realiza actividades de promoción de la competencia, tanto en el ámbito privado como en el público, incluyendo recomendaciones y brindando opciones de políticas públicas, principalmente cuando estas iniciativas de entidades púbicas sean capaces de distorsionar la competencia en los mercados, como por ejemplo: algunas formas de regulación y las contrataciones públicas que se pretendan realizar.
 
En el caso de la regulación, cualquier propuesta de normativa es susceptible de generar distorsiones en el funcionamiento de los mercados. En muchas ocasiones, estas distorsiones afectan negativamente a la competencia, a la libertad de empresa y al bienestar del consumidor, con efectos posteriores que pueden resultar en aumentos de precios, disminución en la calidad o en la reducción al acceso de una variedad de bienes y servicios.
 
El análisis y la valoración de un proyecto normativo o regulatorio desde la óptica de la política de competencia y la regulación económica eficiente, tiene como finalidad impedir en la medida de las posibilidades esos efectos negativos indeseados.
 
La Acodeco participa en el proceso de revisión de elaboración de normas y de otras actuaciones públicas a través de su función consultiva, que plasma en sus informes de carácter discrecional y no vinculante.

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Se trata, entonces, de una actividad preventiva y no coactiva. Para ello, se realizan análisis a las propuestas remitidas por el órgano público que la promueve y se aplican los principios de regulación económica eficiente: necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión, eficiencia, transparencia, accesibilidad, seguridad jurídica, simplicidad, eficacia y no discriminación.

Economista.