Soberanía popular y participación ciudadana

Al aproximarse la celebración del Centenario de nuestra vida republicana debemos lograr que las personas despierten ante el hecho de que el sistema político es nuestro legado, y para renovar en ellas su entendimiento y compromiso. Hay que ayudarlas a comprender que, en este sistema, ellas son soberanas y que el Gobierno recibe sus "justos poderes" a través de su consentimiento, que en ninguna forma significa renuncia, sólo delegación. Es necesario, también, hacer que las personas reconozcan que el sistema se desmorona cuando abdican a su soberanía.
Espero ver, entre ahora y el 3 de Noviembre, una renovación de las personas tomando su soberanía con seriedad. En los últimos años he visto con satisfacción los esfuerzos por exigir una nueva relación entre el Estado y la sociedad y a través de ella, alcanzar compromisos sociales y establecer la necesidad de crear condiciones apropiadas para realizar todo el potencial de participación de los ciudadanos. Se trata de que en condiciones de crisis, como la que atravesamos, en la representatividad de la sociedad ante el Estado, por deficiencias del sistema político, pérdida de confianza en la ley y en la administración de justicia, privatización perversa de la función de los intereses públicos a través de la corrupción, ausencia de transparencia y responsabilidad gubernamental, inefictividad de los sistemas de auditoria y control, en resumen, de precarias condiciones de gobernabilidad democrática, las posibilidades de alcanzar sólidos consensos nacionales son limitadas, como lo hemos experimentado recientemente. Y en esas condiciones, la viabilidad de establecer una articulación eficaz entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil es reducida.
Para extraer provecho de todas las posibilidades que ofrecen un mayor protagonismo de la sociedad civil, es necesario, desde luego, avanzar en los aspectos de una mejor gestión administrativa y de un servicio civil profesional, así como adaptar de manera flexible y creativa los criterios para una mayor eficacia del gasto público en general y el social en particular. Pero también se requiere establecer mecanismos y procesos que aseguren la confianza de la sociedad, la información y la transferencia gubernamental, la responsabilidad y honestidad administrativa, el control ciudadano y la efectividad de la ley.
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Un aspecto que requiere atención cuando nos referimos a la nueva distribución de responsabilidades entre el Estado y la sociedad civil, es la necesidad de adecuar la función reguladora del Estado a las nuevas condiciones.
Tenemos un rezago en cuanto a la adaptación del ordenamiento jurídico a las nuevas condiciones de mayor protagonismo del mercado y de la globalización de los flujos comerciales, tecnológicos y financieros.
Sin un Estado de derecho no existirán las condiciones de estabilidad y previsibilidad que una economía de mercado requiere para funcionar con eficiencia, y para que haya una articulación apropiada de los límites entre los intereses públicos y privados que conduce a una ineficiente asignación de recursos.
La experiencia enseña que no basta un adecuado diseño institucional y normativo del Estado para alcanzar las condiciones de estabilidad política y gobernabilidad democrática, que una sola estrategia de desarrollo requiere. Esas condiciones dependen estrechamente de la participación del mayor número posible de agentes económicos, sobre todo los más débiles, en el proceso productivo. Es indispensable superar la situación de exclusión económica de amplios sectores de la población, que ha sido rasgo esencial en nuestro país.
Panamá, como país, tiene la gran oportunidad de liderar el continente americano en las telecomunicaciones; sus conexiones de fibra óptica intercontinental deben ir acordes con el desarrollo del mercado interno. Requerimos más discursos y leyes de transparencia e información permanente a la sociedad sobre la evolución del mercado.