Sobre el pago de minera (segunda parte)
Hace algunas semanas estuvimos compartiendo nuestros puntos de vista con respecto al pago que la mina había desembolsado al Gobierno anterior. Decíamos, en primera instancia, que era ilógico decir, de forma irresponsable, que la mina nunca había aportado dineros al erario público, cuando es un hecho público y notorio que el desembolso de los 567 millones de dólares en concepto de regalías e impuestos es el pago fiscal más grande que ha existido en la República de Panamá. Además, en el sector minero global del cobre, es uno de los más grandes.
Asimismo, mencionábamos cuál sería el destino de esos fondos, ya que, según palabras del presidente Cortizo, los mismos se distribuirían en el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para el aumento de la jubilación de más de 120 mil jubilados, para los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada, y, por último, para la formación de educadores.
LEA DEL AUTOR: Sobre el pago de minera (primera parte)
Siguiendo el orden de ideas expresadas en el primer artículo, decíamos que hay que buscar a todos los responsables que participaron en este hecho. Por lo regular, nuestras autoridades parecen solo encontrar responsables cuando alguien les confiesa e involucra a los demás. Es importante señalar que es muy sencillo seguir la pista a esos millones de dólares que nadie sabe dónde fueron a parar.
Primero, tenemos declaraciones de dos funcionarios que públicamente dan fe de la existencia del dinero y hacia dónde y cuándo se trasladó. El gerente del Banco Nacional (BNP), Javier Carrizo, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, manifestó que recibió una nota oficial en la que se le instruyó que el monto del aporte fuera trasladado a una cuenta única del Tesoro Nacional. De esa manera, se permitía la disponibilidad de su uso, lo que demuestra que el Gobierno anterior buscaba tapar el hueco fiscal en el que se encontraba. Del mismo modo, el 16 de febrero del presente año, el entonces viceministro de Economía y Finanzas, Carlos González, hizo público, a través de un medio de comunicación, que los fondos entregados por la mina fueron descongelados e incorporados a las arcas estatales, lo cual a todas luces riñe con las normas de transparencia hacia la ciudadanía y la empresa.
Todo este aporte ya había sido mencionado por el presidente Cortizo, quien explicó cómo se iba a distribuir, como hemos señalado anteriormente. Nos resulta irresponsable que estos fondos se hayan esfumado y que nadie tenga conocimiento de en qué fueron utilizados. Es por esa razón que mencionamos que la trazabilidad puede ayudarnos a entender por qué estas acciones podrían tener responsabilidades legales para los que participaron en las mismas.
Seguimos haciendo el llamado al Gobierno Nacional para que inicie las conversaciones con la minera a fin de resolver este cese de operaciones, que le hace un daño enorme al país y a las inversiones presentes y futuras. Recordemos las afectaciones a más de 2 mil proveedores, que se traducen en reducción de planillas, y los empleos que generaba la mina —más de 7 mil directos y más de 40 mil indirectos—, dejando sin sustento a miles de familias panameñas, que no pueden pagar sus compromisos bancarios, la colegiatura de sus hijos, etc., lo cual afecta su calidad de vida. Tenemos que recuperar la confianza de todos los ciudadanos, negociando con la mina la suspensión del cese de operaciones con un nuevo contrato e investigando dónde fue a parar el dinero de los aportes.