Socializar el riesgo, privatización de los beneficios

Las imágenes de fuertes y masivas manifestaciones que ocurrieron en Francia en el 2023 por el aumento de la edad de jubilación, fueron desgarradoras y si se repiten las mismas en Panamá, sería una condena a muerte luego de la rebaja de grado de Inversión de Fitch Ratings.Lo preocupante de la situación panameña en mayo 2024, es que aún no hay una visión, ni respuestas concretas para garantizar el dinero a mediano y largo plazo del programa de la Seguridad Social y; es ampliamente conocido que los países que presentan las mayores brechas de riqueza, los mayores niveles de endeudamiento y las peores evoluciones en el crecimiento de los ingresos son las regiones que presentan mayor probabilidad de sufrir conflictos graves.

Con la democratización panameña post-invasión, los derechos sociales deben acercarse a los deseos del pueblo y con este fin ser sometidos a una deliberación pública, donde la verdad está ligada a la transparencia de los poderes públicos. El nuevo "cyberciudadano panameño" está mejor informado, es más exigente y por primera vez dispone de una memoria colectiva de sucesos e ideas.

En Panamá, se socializa obligatoriamente la cuota obrero-patronal para construir edificaciones de policlínicas, ciudades hospital, medicamentos y pagar enfermedades de alto costo. Es decir, un panameño de salario mínimo que se le descuenta la obrero-patronal no le alcanzaría para tratar un régimen completo para las cirugías de corazón abierto o quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia; si no fuera por lo que todos aportamos en un fondo común. Será interesante como se le dirá al pueblo que el dinero de las jubilaciones debe ser de cuentas individuales y que debe ser manejado por la empresa privada, cuando la privatización del IRHE no trajo calidad en la atención de la transmisión de energía.

De la privatización del IRHE aprendimos que el libre mercado solo funciona en países donde hay una justicia sólida, con bajos niveles de percepción de corrupción, una fuerte ley antimonopolio con certeza de castigo y sin el sistema de castas coloniales.

Hay que salvar el programa IVM de Seguro, pero los actuales representantes de gremios de la junta directiva que fueron llamados a afrontar este desafío nacional desde el 2019, tienen el precedente de haber calentado sillas y atiborrarse de boquitas en las muchas mesas y pactos infructuosos del pasado, y no tienen la moral de ser los miembros honorarios del rescate de las pensiones panameñas y pedirnos sacrificios.

Sentar a miembros de una junta directiva nombrados por un gobierno que goza de una simpatía de 5,87% para decidir el futuro pensional del 94% de los panameños, excluyendo a los jóvenes es incitar a una revolución. Un error no escuchar a la juventud y decidir por ellos.

Los tiempos han cambiado y los jóvenes desempleados exigen volver a confiar en la democracia panameña. Las mesas de diálogos sin la adecuada selección de sus miembros pueden acarrear una amplitud y heterogeneidad de reclamos de gran duración al punto de un estallido social.

En democracia, "no hay expertos en política". La idea dominante de que hay expertos sirve para legitimar el poder de los políticos y reducir al pueblo, inexperto por definición, a opinar de vez en cuando cada tantos años sobre esos supuestos expertos. En una democracia, el poder no es una propiedad: es una relación y una actividad que se origina en un espacio público y que está abierta a la participación y a la representación por y para los ciudadanos libres e iguales.

Las consultorías serían un chivo expiatorio que riñe contra la democracia mayoritaria de la nación, un negocio redondo para deslegitimar la voz del pueblo. Señores de la directiva: pongan sus puestos a disposición y eviten a los jóvenes protestando en calles aledañas a las casas de los que tuvieron la oportunidad de salvar el IVM y no lo hicieron.

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