Termoeléctrica: ¡abandono, negligencia, desidia!

Nuestro país atraviesa actualmente una crisis financiera, originada en gran parte por decisiones erráticas y gastos desmedidos que han afectado las finanzas del Estado. A este contexto se suman tres procesos de consultas públicas que han generado más incertidumbre que certezas, dejando en evidencia la falta de voluntad de algunos sectores para encontrar soluciones reales. En lugar de buscar puntos de acuerdo, las mesas de diálogo se han convertido en monólogos donde predominan las ofensas y la desinformación. Esta es una realidad que nos impide avanzar en la construcción de una hoja de ruta que nos permita superar la crisis y hallar soluciones que, al menos, puedan satisfacer a todos.

Un claro ejemplo de esta parálisis es el cierre abrupto del proyecto minero Cobre Panamá, que dejó a su paso un sinfín de infraestructuras, diseñadas para operar bajo estrictas regulaciones nacionales e internacionales. Entre estas infraestructuras destaca la Planta Termoeléctrica de 300 MW, que permanece fuera de operación. Esta planta, al no estar funcionando, ha sufrido deterioros progresivos, lo que no solo representa una pérdida económica, sino también una oportunidad perdida para la generación de empleo y el aprovechamiento de la capacidad instalada en beneficio del país.

Es imperante preguntarnos: ¿Qué pasaría si se reactivara esta planta termoeléctrica? ¿Qué beneficios podría traer para la nación aprovechar la capacidad instalada y reducir la pérdida del costo de oportunidad que estamos enfrentando? Son varias las razones por las cuales reactivar la planta podría ser una decisión estratégica para el futuro del país.

En primer lugar, la integración de la planta a la Red Eléctrica Nacional podría tener efectos positivos ante los cambios climáticos que estamos viviendo. La crisis energética global nos obliga a repensar nuestros modelos de suministro y a reducir la dependencia de fuentes de energía que no son renovables. Además, la energía generada por esta planta podría mejorar la red de distribución en las comunidades cercanas, lo que, en consecuencia, mejoraría la calidad de vida de los habitantes y fomentaría el desarrollo económico en la región.

Otro beneficio sería la diversificación de la matriz energética. Al integrar fuentes de energía renovables junto con la energía termoeléctrica, podríamos lograr un sistema energético más sostenible y resiliente, algo que no solo es necesario, sino urgente en el contexto actual. Además, el uso de tecnologías avanzadas en la planta permitiría la reducción de emisiones, alineándose con los estándares internacionales en cuanto al cuidado del medio ambiente.

A su vez, la puesta en marcha de la planta podría generar un sistema robusto de monitoreo continuo, que incrementaría la eficiencia energética del país y permitiría un mantenimiento más eficaz de las instalaciones. Sin duda, estos beneficios están al alcance de la mano, pero para lograrlos, es fundamental trabajar en conjunto y con un sentido de responsabilidad compartida, buscando soluciones que integren a todas las partes interesadas.

Un aspecto crucial en este proceso es el Plan de Gestión Segura (PGS), presentado por Minera Panamá, que todavía está pendiente de aprobación... 

Este plan es esencial para garantizar la estabilidad física y química de las instalaciones de Cobre Panamá, y contiene medidas necesarias para proteger maquinarias, tuberías y edificaciones. Sin embargo, la falta de aprobación de este plan sigue retrasando la reactivación de la planta, lo que podría generar mayores costos y pérdidas para el país.

El PGS detalla que la Central Eléctrica de Cobre Panamá consta de dos unidades generadoras de 150 MW cada una. Cada unidad tiene su propia caldera y equipo auxiliar, lo que permite que funcionen de manera independiente. Para que estas unidades no sufran deterioros por la inactividad, es necesario un mantenimiento continuo, de lo contrario, los componentes principales se verán expuestos a la alta humedad del ambiente marino, lo que aceleraría su deterioro.

Además, es imperativo que se revise el Informe Integral entregado al MICI y a la ASEP, que analiza la viabilidad de preservar la planta fuera de servicio. El informe, elaborado por un especialista en corrosión, demuestra que la mejor alternativa para preservar la planta es ponerla nuevamente en funcionamiento, evitando así los daños irreparables que se producirían con el paso del tiempo.

Ahora, ante todo esto, surge una pregunta fundamental: ¿es posible lograr un diálogo genuino que permita analizar todas estas alternativas y llegar a acuerdos transparentes? Es esencial que se logre una participación activa de todos los actores relevantes, con propuestas viables que beneficien a las comunidades cercanas, generando empleo y mejorando su calidad de vida. Este proceso debe cumplir con las regulaciones ambientales nacionales e internacionales, y es necesario contar con un plan de monitoreo y comunicación claro, que mantenga informadas a todas las partes interesadas.

Es momento de que como sociedad dejemos atrás los enfrentamientos y la falta de voluntad política. Solo superando las intransigencias podremos salir de la crisis económica en la que estamos sumidos. Necesitamos un clima de colaboración y confianza para reactivar nuestra economía de manera responsable y sostenible, con beneficios para todos.

Como bien decía José Ortega y Gasset: "Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos.